El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo de una causa contra el dirigente social Juan Grabois promovida por los diputados de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Gonzalo Del Cerro y Virginia Cornejo, por presunta incitación a la toma ilegal de tierras en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Con el patrocinio del ex diputado Juan Carlos Macaluse, los legisladores opositores sostuvieron que Grabois, como “abogado, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y empleado de la Universidad Nacional de Buenos Aires”, cometió el delito de apología del crimen, que prevé penas de un mes a un año de prisión.
“Por un lado el dirigente popular Grabois instruye, incita y motiva a la ocupación ilegal de inmuebles privados y por otro lado la política paraliza a la policía y le da un marco legal al prohibir los desalojos y lanzamientos, sean por orden de jueces civiles o penales y por cualquier circunstancia.
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“No se están denunciando simples manifestaciones de un dirigente popular, que incita a la ocupación ilícita de inmuebles de propiedad privada, sino un flagrante desafío al orden constitucional y las autoridades constituidas, una exacerbación de la violencia y una invitación a compartirla y expandirla”, añade la denuncia.
La Cámara Federal le ordenó a Ercolini hacerse cargo de la imputación después de que se declarara “incompetente” por entender que “no solo no se advertía una afectación, directa o indirecta a la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones, sino que tampoco se encontraba involucrado un funcionario público en ejercicio de sus funciones, ni intereses federales comprometidos, por lo que no se encontraba justificada la intervención de la justicia Federal cuya competencia es de estricto carácter restrictivo”.
“Estas expresiones afectan la tranquilidad pública (bien jurídico protegido). El delito de la apología del crimen es la acción consistente en hacer alabanzas, ponderación o exaltación de algo ilícito, presentándolo como meritorio, digno de defensa y aceptación por todos”, replicaron los denunciantes.
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El camarista Rafael Llorens, como tribunal unipersonal, les dio la razón a los diputados: “la incompetencia declarada no se halla precedida de una investigación suficiente, que determine la real ocurrencia de hechos con relevancia jurídico penal”.
“Deviene necesario que se profundice la pesquisa para poder determinar con mayor precisión si seriamente el objeto de investigación propuesto se trata de la presunta comisión de un delito; un acto preparatorio para la presunta comisión de un evento con relevancia penal o se trata, solo, de la opinión de una persona de actos que rechazan los denunciantes”, determinó.
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Grabois había reclamado públicamente la planificación de la entrega de lotes “para que la gente los pueda ir pagando a 20 años y construya su casa» y alertó que “si no están esos lotes, a la larga o a la corta, la gente va a buscar dónde ir a vivir”.
