Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires podría tratar la iniciativa popular que busca convertir los terrenos donde antes funcionaban los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco en un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto. El mismo se contrapone con la idea del Juntos por el Cambio de ceder las tierras para la construcción privada de torres de más de 28 metros, lo que le quitaría la posibilidad a los ciudadanos de hacer uso del espacio frente al Río de la Plata.
A pesar de la voluntad de miles de personas, desde la oposición denuncian que el oficialismo dejó pasar un año -el plazo legal establecido para tratar este tipo de proyectos- y no habilitó que la iniciativa popular sea tratada en comisiones. Con el período vencido, desde Juntos por el Cambio darán un tratamiento exprés al proyecto y, haciendo uso de su mayoría, buscarán archivar esta iniciativa, a pesar de que cuenta con la convalidación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y más 53.709 firmas de vecinos y vecinas. Esta iniciativa, además, es la primera en la historia de la ciudad en alcanzar el estado de tratamiento legislativo.
Archivar el parque público, una medida inconstitucional
En vísperas del tratamiento, organizaciones ambientales y sociales se reunieron en la tarde del martes con legisladores del Frente de Todos para diseñar acciones conjuntas frente al posible archivo de la iniciativa en la Legislatura. Además, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad volvieron a denunciar la estrategia del gobierno de Larreta, al tiempo que advirtieron que archivar la iniciativa del parque público es inconstitucional debido a que aún continúa vigente el amparo interpuesto por la organización.
El inicio del conflicto se remonta a diciembre de 2019 cuando, en la última sesión de aquel año, la legislatura aprobó la Ley 6.289, que habilita al gobierno porteño a vender el predio de 33 hectáreas. Con una vista al río privilegiada y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, la intención del GCBA fue entregar estos terrenos a la construcción de un pequeño barrio de 10 edificios -cuyo valor de metro cuadrado rondaría entre los USD 8.000 y USD 10.000- que emule la alta categoría del también inventado Puerto Madero.
Tras esta aprobación, en 2020 el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la entonces diputada Gabriela Cerruti presentaron una acción de amparo para impedir el avance de la venta. Después de algunos meses de conflicto, en 2021 el juez Leonardo Fuchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, declaró inconstitucional la comercialización de estos terrenos, lo que dejó el proyecto inmobiliario ideado por el larretismo en stand by, ya que el propio gobierno porteño apeló el fallo de la justicia.
A pesar de continuar judicializada, la decisión de este tribunal se convirtió en un hecho casi inédito puesto que, según el informe de Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), desde el 2016 hasta el 2021 la Ciudad lleva privatizadas más de 500 hectáreas de tierras públicas.
Si bien la iniciativa se encamina a no ser tratada, desde la oposición afirman que esta decisión del gobierno porteño significará un antes y un después, ya que estarán pasando por arriba de la voluntad popular de manera más que alevosa. De esta forma, y en pleno curso del año electoral, los legislativos del Frente de Todos buscarán que quede expuesta la falta de empatía, trato y escucha del larretismo a los vecinos de la ciudad que gobiernan desde hace más de 16 años.
