Los derechos de las comunidades indígenas son, acaso, los que avanzan con mayor lentitud de todos los colectivos históricamente invisibilizados del país. Sobre esas deudas históricas, potenciadas en este contexto de pandemia, habla el abogado, académico y jurista, Julio César García. Nacido en Las Lajas, provincia de Neuquén, hace 53 años, estudió y se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste. Luego se radicó definitivamente en la provincia de Chaco.

Con los años construyó una larga trayectoria como letrado de causas indígenas, ambientales y de derechos humanos. Especialmente en casos de familias campesinas desalojadas en Chaco, Formosa y Misiones. Litigó también en las causas sobre genocidio indígena en relación a las masacres de Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947). “Hace más de 25 años que soy abogado. Mi primera oficina fue una camioneta roja con la cual recorrí Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y Misiones, acompañando a comunidades indígenas, cuando casi no había abogados que acompañaran la causa de los pueblos originarios”, recordó, en esta entrevista con Tiempo Argentino.

García también es cofundador, miembro y ex vicepresidente de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Entre 2016 y 2019 se desempeñó como subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco, durante la gestión encabezada por el exgobernador Domingo Peppo. Actualmente está postulado como uno de los candidatos a Defensor del Pueblo de esa provincia, cuya convocatoria a consulta pública se postergó debido a la pandemia.

-¿Cuáles son las principales deudas en materia de derechos en las comunidades indígenas de Chaco?

-El Chaco tiene tres pueblos indígenas: el qom, el mocoví y el  wichí. Y hay tres problemas básicos. El primero es el derecho a la tierra, al territorio. El segundo el derecho a tener acceso al sistema de justicia. Esto ocurre a pesar de que la provincia incrementó la representación de pueblos indígenas dentro de la estructura del poder judicial, como empleados que cumplen una función de coordinación o articulación entre la demanda indígena y un poder que es muy conservador. La tercera cuestión tiene que ver con el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fundamentalmente con tener salud, vivienda, hábitat. 

-¿Hubo cambios en la forma en la cual el Estado aborda las problemáticas indígenas?

–Hoy el Estado no puede negar la realidad indígena. A partir de la reforma constitucional de 1994 y de la adhesión de Argentina a los pactos internacionales no puede invisibilizarlo. Sin embargo  muchos funcionarios creen que la cuestión indígena es una cuestión meramente folklórica. Hablo en general, no solamente del Chaco. Entonces incorporan lo indígena de manera nominativa. “Tiene que haber un indígena acá, otro allá”, dicen. Pero estructuralmente no modifican el sistema. La interculturalidad tiene que ver con eso. El indígena ingresa de alguna manera al sistema, de manera formal o informal, pero empieza a discutir políticas públicas.

-¿Cómo persiste la violencia institucional?

-El racismo perdura. Las estructuras racistas y la discriminación perduran. En los casos de violencia institucional que existen hay una concepción racista. Esto implica que debemos profundizar las transformaciones en nuestras fuerzas de seguridad. Creo que lo leyó muy bien la Cámara de Diputados del Chaco, e inmediatamente de ocurrido uno de los últimos casos –no el único- , justamente estamos terminando de editar un libro sobre derechos humanos, pueblos indígenas y género, donde recopilamos una serie de casos referidos a crímenes y abusos con respecto a pueblos indígenas.

-¿Cómo evalúa el rol que desempeña el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?

-Cambiar la constante de racismo y discriminación implica un trabajo arduo del Estado que no se puede modificar de un año para el otro o de un gobierno para el otro. Requiere de políticas públicas que tengan como eje la participación de los pueblos indígenas. Creo que el INAI, con Magdalena Odarda, ha leído muy bien eso. Ella conoce del tema y con los primeros movimientos que nosotros hemos visto entendemos que van en el sentido indicado, que es el respeto a la Constitución, convocar a todos los actores, conocer el territorio, capacitar y formar a sus cuadros técnicos.

-¿Cómo impacta la pandemia en los derechos de las comunidades indígenas?

-Ahí uno ve la fragilidad y las limitaciones que tiene el Estado. Necesitamos otro modelo de Estado con respecto a salud, educación, acceso al agua, al trabajo, a situaciones mínimas de bienestar general. Quizás la pandemia sea una oportunidad para encontrar ese Estado, con otro diseño. En el Gran Resistencia, la pandemia impactó en el llamado Gran Toba, que son de seis a nueve barrios indígenas, una zona histórica con nuevos asentamientos.

-¿Cuáles son los ejes que considera claves para abordar las problemáticas de los derechos indígenas?

-El primer eje es rescatar la institucionalidad del Estado de derecho para los sectores vulnerables. Rescatar lo que dice nuestra Constitución reformada en el año 1994, que es el real reconocimiento de determinados sujetos que han estado invisibilizados. En segundo lugar el derecho a la tierra, con una agenda global que incluya también el derecho al desarrollo, al hábitat digno, al agua, a condiciones mínimas de equidad. Necesitamos consolidar estructuras locales autosustentables. Y en tercer lugar tener en cuenta el contexto de pandemia y contribuir a la gradualidad para salir de ella, con algunas premisas básicas para que salgamos todos. Y me parece que esa ha sido la premisa de Alberto Fernández.