Repudiamos la Constitución racista – contraria a los derechos consagrados en la Constitución Nacional- del gobernador Gerardo Morales y la represión al pueblo de Jujuy. Llamamos a la defensa de su vida y su libertad. Y a la defensa de sus tierras y de los recursos naturales de los argentinos que el pueblo de Jujuy protege, hoy amenazados por el nepotismo de Morales y el saqueo de las corporaciones internacionales, asociadas con Morales y la derecha de Juntos por el Cambio. 

Repudiamos la represión ilegal que realiza Morales, sostenida con el apoyo de la coalición de derecha que gobierna la Ciudad de Buenos Aires y de Juntos por el Cambio, que afecta los intereses del pueblo de Jujuy, organizaciones políticas, sociales y pueblos originarios. Acompañamos el reclamo de las protestas masivas en toda la provincia que rechazan la reforma constitucional aprobada entre gallos y la medianoche, desconociendo la Constitución Nacional, mediante procedimientos carentes de legitimidad, que suprimen garantías y derechos sociales consagrados en la misma y que prohíbe con violencia el derecho a manifestarse y a organizarse. Es tal la instrumentación de la Constitución de Morales, que él mismo modificó tramos de sus artículos sin el auxilio de quienes –si se tratara de un tenor legal- debían aprobarla según las reglas de la provincia. 

Por lo tanto, rechazamos la criminalización de la protesta y nos sumamos al reclamo por la libertad inmediata de compañeras y compañeros detenidos de modo ilegal, apelando a uniformados sin identificación que se desplazan en muchas ocasiones, en vehículos privados. Y exigimos, además, la libertad inmediata de Milagro Sala sometida al tormento de estar en prisión fuera de la ley, sistema adoptado por el gobierno provincial que manipula la justicia. Sostenemos que la violencia gubernamental contempla acciones de carácter racista, discriminador y excluyente, que no trepida en reprimir a quienes se rebelen. 

Entendemos que el gobierno radical macrista de Jujuy ha aprobado fuera de toda legalidad la “Constitución del litio” para garantizar el acceso irrestricto a las reservas nacionales y de pueblos originarios por parte de las corporaciones de la globalización. Esto se consumó mediante la Constitución Nacional de 1994, que cuartearon dichos recursos para dar lugar a esta etapa donde el poder político –sostenido en la provincia por la familia feudal del violador a los derechos humanos Pedro Blaquier con la complicidad corrupta del radicalismo local y sectores del justicialismo- garantiza su entrega a corporaciones internacionales que pagan sumas irrisorias su extracción, más las comisiones a la cortesanía política, al tiempo que se hacen de los recursos acuíferos y de otras explotaciones. En ese orden, la familia Morales colonizó las estructuras del estado provincial: la empresa de Cannabis está presidida por uno de sus hijos. Cerca de tres docenas de sus parientes directos e indirectos dirigen los principales resortes del estado provincial. Su objetivo: el usufructo personal en la entrega del país como sucedió en el 2001. Como sucedió con el endeudamiento macrista con el FMI. 

La derecha necesita guaridas fiscales para apropiarse y fugar el excedente creado por el trabajo de los argentinos. Ahora dan un paso más, creando la categoría de guaridas extractivas. Es lo que pretende hacer Morales con Jujuy. Él es eje de la entrega en los modos a los que son sometidos muchos países de África, donde la apropiación de recursos se sostiene en intervenciones políticas y militares de coaliciones de países occidentales extranjeros. Este es el camino que las corporaciones mineras de la globalización pretenden realizar en la Argentina, cuyo máximo exponente es el dictador de Jujuy/visir de la Puna.  

Hay que realizar un profundo estudio de los errores cometidos para alcanzar este estado de cosas. Es clave que, como colectivo del pensamiento nacional y popular, observemos lo sucedido con la mirada puesta en poder poner en claro cuáles son las nuevas ideas a motorizar para producir una profunda transformación política, social, cultural, educativa, sanitaria, industrial y productiva. El objetivo no consiste en recuperar las formas de una democracia que llegó hace 40 años, mixturada con rasgos devenidos de la dictadura cívico militar (sobrevive su ley de entidades financieras), sino en inaugurar una etapa superadora: la construcción de una democracia auténtica, nacional, popular con vistas a lograr en términos regionales el objetivo de la Patria Grande. 

Se hace necesario, urgente, un pensamiento para la transformación a los fines de encauzar, conducir, organizar y dar un orden al camino que se hará, con un espíritu que tenga entre sus objetivos a una mayor incorporación de las mujeres en la conducción política y un acceso generacional diversificado por sus orígenes sociales y permita el ejercicio del poder a las nuevas generaciones. Subrayamos entonces nuestro repudio a Morales, al gobierno de Jujuy y sus aliados, al acompañamiento desde el radicalismo macrista y otras expresiones de la derecha, y a la traición de quienes dicen defender el ideario del peronismo. Sostenemos que la acción concreta que se determine por este hecho, debe ser el primer paso a una etapa de luchas que tome los objetivos señalados como ejes para la construcción de un país mejor y una representación genuina del conjunto del pueblo argentino. El pueblo de Jujuy da un ejemplo histórico. Seamos leales a esa lucha.

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