En el marco de la audiencia 124 del Juicio Brigadas, que juzga los delitos de lesa humanidad perpetrados en centros clandestinos de la zona sur del Conurbano (se incorporó el tramo San Justo), tres imputados brindaron sus declaraciones indagatorias. Guillermo Domínguez Matheu afirmó que los acusadores “buscan venganza y resarcimientos económicos”. También prestaron declaración Jaime Lamont Smart, Carlos Gustavo Fontana y Carlos Romero Pavón.

Jaime Lamont Smart, acusado de homicidio agravado, desaparición forzada con resultado de muerte, ataques sexuales, privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas, aplicación de tormentos agravada por persecución política, y coautor del delito de retención y ocultamiento de menor de 10 años, fue el primero en declarar.

Smart relató que, poco después del Golpe, lo convocaron para ocupar el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, indicándole que “iba a ser alejado de la política de seguridad por cuanto las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, además “también iba a ser cercenado en sus responsabilidades con los municipios”.

Detalló una audiencia con el coronel Ramón Camps, quien le informó que la relación del Ministerio con la Policía había terminado y que dependía directamente del gobernador.

Smart enfatizó que lo juzgan principalmente por su supuesta intervención en hechos atribuidos a la Policía de Buenos Aires y resaltó que ya había expresado esto en su primera declaración indagatoria en mayo de 2008.

En cuanto a pruebas, mencionó el Decreto 211, que excluía a la Policía de la Provincia y al Servicio Correccional del presupuesto del Ministerio de Gobierno, evidenciando que este ministerio no tenía injerencia en la policía provincial. Afirmó que los acusadores no presentaron documentos y se basaron en la Ley 7279, que, según ironizó, parecía no haber sido modificada por el Golpe. Alegó que la ley dejó de regir cuando el equipo militar asumió el control de la Jefatura de la Policía de Buenos Aires.

Smart insistió en que no tuvo conexión con la Policía provincial durante sus tres años de gestión y defendió el funcionamiento de la Cámara Federal en lo Penal. Aceptó preguntas del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y las partes, pero no se realizaron.

A continuación, Carlos Gustavo Fontana, imputado por coautor de homicidio agravado, ataques sexuales y coautor de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, declaró aceptando preguntas solo de los jueces y su defensa. Se refirió a imputaciones en fechas anteriores o posteriores a su servicio en el Destacamento de Inteligencia 101, indicando que prestó servicios en el lugar a “título de revista”. Relató su traslado al Batallón de Inteligencia 601 por disposición del J2 y defendió su participación en un “curso de inteligencia presencial”. Negó haber estado en centros clandestinos de detención. Tampoco se realizaron preguntas por parte de la defensa ni del Tribunal.

Siguió Guillermo Domínguez Matheu, acusado de coautor de homicidio agravado, ataques sexuales, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos y coautor del delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, quien no respondió preguntas.

“Durante el desarrollo del juicio he escuchado a los supuestos testigos y denunciantes, que manifiestan odio y sólo buscan venganza y resarcimientos económicos”, denunció y expresó preocupación por posibles «amenazas» dirigidas a funcionarios judiciales.

Criticó la negación de su pensión como Veterano de Malvinas por su condición de procesado y afirmó que se pretende dirigir las acciones del tribunal para prolongar su prisión preventiva sin juicio. Negó los hechos imputados, destacando que ni siquiera solicitó una “constancia de domicilio”en una comisaría y que durante su gestión en el Destacamento de Inteligencia no tuvo injerencia en la Policía.

Además, señaló que existe una «venganza» al influir en las decisiones de los jueces para prolongar la prisión preventiva por más de 11 años, sin condena y sin juicio. Haciendo referencia al Juicio Brigadas, mencionó: “También a este tribunal se pretendió direccionar las asistencias”. Agregó que, a solicitud de los querellantes y sus representantes legales, se solicitó la revocación de las prisiones domiciliarias.

Explicó que estuvo asignado al Destacamento de Inteligencia desde enero de 1973 hasta el 30 de noviembre de 1976. Aclaró que, contrario a lo indicado, su presencia allí se extendió hasta el 22 de diciembre de 1976, fecha en la cual se anunció su traslado a otra unidad a través de un boletín. Durante el período del 1 al 15 de diciembre, enfrentó los trámites y ajustes propios de la reubicación, puntualizó.

En otro aspecto de su intervención, señaló que se le imputan labores de inteligencia ilegales sin que se presenten pruebas concretas ni se identifiquen quiénes ordenaron o supervisaron dichas actividades. Criticó la utilización exclusiva de testimonios como base probatoria y destacó la intencionalidad percibida en los presuntos testigos para direccionar acusaciones.

Expresó su malestar ante la imputación de culpabilidad sin evidencia sólida. Argumentó que “la gravedad de los delitos de lesa humanidad no pueden justificar que las condenas no tengan pruebas” y subrayó que, “cuanto más grave es el delito más estricto debe ser el estándar de la prueba”.

Concluyó pidiendo a los jueces que cuando dicten la sentencia “se ajusten a derecho”.

Finalmente, en esta audiencia, Carlos Romero Pavón, acusado de coautor del delito de homicidio agravado, desaparición forzada con resultado de muerte, ataques sexuales, privación ilegal de la libertad agravada por violencia o amenazas, y aplicación de tormentos a perseguidos políticos, fue el siguiente en declarar.

Al iniciar su indagatoria, expresó: «Desconozco los hechos, los lugares, las fechas y toda otra circunstancia que pueda estar vinculado con lo imputado».

Se refirió a la «falta de exactitud y precisiones» en las imputaciones y afirmó que los cargos dirigidos hacia él carecen de verosimilitud, especialmente en lo que respecta a la acusación de privación ilegal de la libertad con la aplicación de tormentos. En relación con los otros delitos, hizo hincapié en la «vaguedad» de las acusaciones, señalando la dificultad de los testigos para definir el momento preciso de los hechos.

Opinó que resulta evidente “el vacío mental de los supuestos damnificados» al intentar «montar un montaje de estas falsedades». Su exposición continuará en la próxima audiencia que ha sido programada para el 5 de diciembre, que se reanudará a partir 8 de la mañana. En esa fecha, se procederá con la continuación de la presentación de Carlos Romero Pavón.

Fuertes reclamos de algunos acusados y el silencio de otros en la audiencia anterior

En la audiencia del día 21 de noviembre, dos de los acusados, Héctor Di Pasquale y Jorge Antonio Bergés, ofrecieron sus declaraciones indagatorias, mientras que Federico Minicucci y Enrique Augusto Barre decidieron no hacerlo. Di Pasquale afirmó de manera contundente “ustedes no son mis jueces naturales”. Criticó la actuación de la Justicia y su prolongada prisión preventiva, expresando la desconfianza generalizada hacia el sistema judicial. Además, cuestionó la acusación de Estela de Carlotto en relación con la desaparición de Laura, señalando la falta de pruebas en su contra.

En su testimonio, Di Pasquale negó conocer a las presuntas víctimas y aseguró no haber estado en los lugares mencionados en la causa. Criticó la constitucionalidad del juicio y acusó al juez Blanco de venganza. También señaló errores en la documentación relacionada con personas desaparecidas y defendió su búsqueda de la verdad, negándose a aceptar acusaciones sin fundamentos.

Por su parte, Bergés, acusado de varios delitos, incluida la privación ilegal de la libertad, ofreció su declaración, destacando la imputación previa de los mismos homicidios a otro oficial de la Brigada La Plata. Afirmó haber sido absuelto en la Causa Camps y desestimó la descripción de un testigo. Sin embargo, coincidió con Di Pasquale en negar la existencia de ciertas víctimas fatales.

En contraste, Minicucci y Barre optaron por abstenerse de declarar en esa audiencia.