Continúan las declaraciones en el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. El debate se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en la provincia de Río Negro. Allí están siendo juzgados cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA): Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa. En las audiencias que se realizaron este martes y miércoles declararon miembros de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina.
“Declararon dos miembros de la Policía Federal que estuvieron en el allanamiento al terreno en disputa del 23 de noviembre, dos días antes del homicidio”, repasó Mariano Przybylski, abogado querellante y director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con Tiempo. Continuó explicando que ambos testimonios ratificaron lo que dijo “la semana pasada Matías Solá, que pertenece a esta misma fuerza de seguridad”.
“Todos ellos coincidieron en que no había armas de fuego entre los mapuches que estaban en el terreno”, remarcó el letrado. Siguió relatando que no vieron a nadie con “ese tipo de armamento ni fueron agredidos con el mismo”.
Testimonios coincidentes
“Por lo cual estos tres testimonios resultan muy importantes, porque si no había armas de fuego el 23 de noviembre, es imposible que lo hayan tenido dos días después, cuando ocurrió el homicidio, el 25”, subrayó el abogado. Además, aclaró que lo dice porque “la comunidad estaba en la montaña custodiada por la Prefectura y la Federal”.
También dijeron que cuando ingresaron a desalojar fueron agredidos con piedras y que ese episodio duró solo un momento, “después varios hombres de la comunidad escaparon montaña arriba, entonces los policías hicieron una persecución sin usar armamento letal, porque no corresponde hacerlo”, detalló el director nacional. Esto sucedió así a diferencia de lo que hicieron “los prefectos dos días después, cuando ocurrió el homicidio del joven”.
“Los federales los corrieron hasta llegar a un momento donde no los pudieron detener y los perdieron de vista”, reconstruyó el abogado. Después de este episodio los policías “informaron de que el predio ya estaba desalojado y le entregaron la custodia a Prefectura”, agregó.
Un dato falso
“Este martes también declaró el prefecto Leandro Ruata -que en ese tiempo era el jefe de la Prefectura de Bariloche– y resultó muy llamativo”, señaló el director nacional. Porque cuando se le indicó que empiece a relatar abiertamente lo que vio ese día “este sostuvo que llegó al lugar cuando ya habían descendido sus colegas que estaban arriba de la montaña, que él no estaba en el hecho”, describió sobre la situación.
Así, sin que nadie le pregunte específicamente, “dijo que cuando llegó los prefectos ya estaban en la ruta y que escuchó detonaciones de armas de fuego que venían de la montaña donde estaban los mapuche”, remarcó el letrado. Es decir, “por su propia cuenta dijo que escuchó armas de fuego de los mapuches que estaban en la montaña”, apuntó.
“La cuestión es que en la instrucción de la causa, en 2018, cuando se le preguntó si había escuchado detonaciones de armas de fuego, contestó que no y lo explicó de manera categórica”, enfatizó el abogado querellante. Entonces le hicieron leer su declaración de aquel tiempo y le “pedimos que nos explique cómo puede ser que antes dijo que no escuchó y ahora está diciendo que sí escuchó detonaciones”, señaló.
Cuando se dio cuenta de su propia contradicción, se rectificó automáticamente y dijo que se había equivocado, «que lo cierto fue que no escuchó nada”, ahondó el director nacional. Esto resultó bastante revelador “porque nadie se va a olvidar si dijo algo tan importante y lo explicó categóricamente en el 2018; además nos resultó muy extraño que ahora sin que nadie le pregunte diga que escuchó detonaciones”, aseveró.
“Fue un intento de introducir un dato falso para favorecer la posición de los prefectos y esto quedó en evidencia, registrado ante el Tribunal”, remarcó el letrado. También dijo que “esto que dijo cierra bastante en cómo están declarando todos los prefectos, están consolidando una idea de que había armas de fuego entre los mapuches, que es algo que no está probado en ningún lado”, aseguró.
Mostafá y los medios
“También tuvimos la declaración del prefecto Julio César Mostafá -que era el jefe a cargo del Grupo Albatros en aquel tiempo– a quien le preguntaron con qué información contaban cuando fueron al territorio a cumplir con la orden judicial”, recordó el abogado. Explicó que este dijo “que el juzgado no les había dado información, que ellos solo sabían que iban a desalojar a un grupo de la comunidad mapuche y que la información que tenían era la que salía en los distintos medios de comunicación”.
“En este contexto el prefecto recordó que habían leído algo en Clarín, entre muchos otros medios”, aseguró el director nacional. Finalizó contando y valorando que el prefecto reconoció que estaban “muy influenciados por la demonización del caso en los medios de comunicación en términos generales”.
El juicio y las imputaciones
Los prefectos llegaron al juicio acusados de ser coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación busca probar que se trató de un homicidio calificado. También intenta demostrar que no se trató de un hecho de legítima defensa, sino que lo ocurrido fue un crimen en manos de quienes viste los uniformes de la Prefectura Naval Argentina.
En aquel tiempo la responsable política de la situación fue la entonces titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El pasado mes de julio, justo un mes antes de las PASO, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) llamativamente fue absuelta en la causa por el homicidio de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
La Prefectura Naval Argentina cumplía una orden del entonces juez del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, que estaba reemplazando a un colega, quien indicó que se asegure el perímetro del territorio en disputa entre la comunidad mapuche y Parques Nacionales, que había sido desalojado dos días antes y en el que fueron detenidas cinco mujeres mapuche que estaban en el terreno.
El magistrado emitió orden de desalojo a partir de una denuncia de usurpación que recibió, la que fue realizada el 17 de noviembre de 2017 por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad Lafken Winkul Mapu en este sentido había anunciado a principios del mismo mes la recuperación de unas diez hectáreas de las 710 mil que tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi en esa parte de Villa Mascardi. Una semana después -el 25 de noviembre- se produjo el violento desalojo que culminó con el homicidio de Rafael Nahuel.
