Luego de haber aprobado la admisibilidad de los expedientes se volvió a reunir la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que comenzó la etapa probatoria y de investigación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde Juntos por el Cambio cuestionaron las ampliaciones de prueba propuestas por el oficialista Rodolfo Tailhade, así como también y la citación de algunos testigos.
“El propósito es avanzar en el cronograma de producción de pruebas, ya que se ha aprobado la admisibilidad en la reunión pasada, y abrir la causa a la investigación sobre las 14 denuncias obrantes”, aclaró al inicio de la reunión la presidenta la Comisión, Carolina Gaillard (FdT). En ese marco señaló que “lo que se está discutiendo ahora son los pedidos de ampliación de prueba y se fijarán las audiencias testimoniales, con la elaboración de un listado”.
Respecto a las ampliaciones, Tailhade propuso que se incorporen a la lista los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, y el fiscal federal de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. En cuanto a la oposición, Juntos por el Cambio cuestionó la prueba -que fue votada la semana pasada- y advirtieron sobre la posible violación de las garantías constitucionales, en cuanto a medidas que se requieren, como el pedido del registro de llamadas de Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia. Ambos están involucrados en los chats filtrados, donde hay conversaciones sobre el fallo del máximo tribunal respecto de la coparticipación de la Ciudad. Desde JxC aseguran que esos chats son falsos.
El diputado del PRO Pablo Tonelli destacó: “La Comisión no tiene atribuciones ni facultades para pedir intercepciones telefónicas, nombres ni titularidades; viola el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nos vamos a oponer a la realización de cualquier prueba de este tipo” .“Esta prueba que han ofrecido no está destinada a probar el mal desempeño sino que apunta a hacer un show, a exponer a los jueces de la Corte y sus allegados”, agregó. Y habló de una “una extensión inusitada” de pedido de prueba que “afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación”.
En el listado de testigos se encuentran además gobernadores; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni; el constitucionalista Eduardo Barcesat; y el ex juez español Baltazar Garzón, entre otros.
Desde el interbloque Federal que comanda Alejandro “Topo” Rodríguez se propuso citar al presidente, Alberto Fernández, como primer testigo por ser impulsor de la iniciativa. Aunque quedó totalmente descartado desde la bancada oficialista, se mencionó de que tanto el mandatario nacional como los gobernadores “están exceptuados por reglamento por lo que pueden negarse a asistir».
La semana que viene comenzarán las audiencias testimoniales en las que se citara a Cristian Abritta, ex titular de la Secretaría Judicial 5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial 2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
De la vocalía de Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura. Los jueces Ramos Padilla y Ramos también serán citados para la primera audiencia.
El jueves pasado, el Frente de Todos aprobó por mayoría la admisibilidad de 14 pedidos de juicio político que reúnen denuncias sobre 60 hechos contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Luego se notificó a los miembros de la Corte que había comenzado la instrucción sumaria en el proceso de juicio político. “Acá no se va a violar ninguna regla del debido proceso, este juicio es público”, concluyó Gaillard.
