A María Juana Rivas todos la conocen como «Marucha». El 24 de diciembre de 1974 su hijo Ricardo Arturo Rave, de 18 años y militante de la Unión de Estudiantes Universitarios (UES), fue secuestrado en un operativo en el que participó la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y luego asesinado. La madre contó ese crimen en el juicio que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata realiza a Carlos «Indio» Castillo y José «Pipi» Pomares por siete secuestros y cuatro asesinatos cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976. En la misma audiencia habló uno de sus hijos, Federico Rave. Al finalizar la audiencia, el público volvió a levantar carteles con la consigna «No al 2×1», en repudio a Alejandro Esmoris, juez del tribunal que concedió ese beneficio a dos represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal N°9.
«En el diario El Día un artículo, que todavía lo tengo, decía que encontraron un cuerpo acribillado, que había vainas de .45, de 9 milímetros y armas largas. Y decía que era Ricardo Arturo Rave, dos años ausentado de su casa. Todo verso», recordó Rave. Acababa de contar que antes del secuestro había cenado con su hermano que hacía apenas un mes que no dormía en su casa. «Si los medios ya mentían en esa época ¿qué nos queda ahora?», cerró.
Rave recordó el secuestro y asesinato de su hermano Patulo, apenas un año mayor que él, cometidos cuando estaba por irse con su novia a Villa Gessel. También contó la historia de su familia, de cuando cuatro meses antes la CNU había secuestrado durante un día y medio a su hermano Miguel, de 11 años, y de las bombas que destruyeron la puerta de su casa, en la que además de sus padres y sus hermanos, vivían sus hermanas Mariana y Verónica, y habían crecido otros cinco hermanos, entre ellos un militante sindical y otros tres militantes de Montoneros.
En su testimonio, realizado por videoconferencia desde Mar del Plata, Rave recordó que para secuestrar a su hermano ingresaron a su casa cerca de una docena de personas entre las que identificó a Carlos Castillo. Lo conocía de antes. Su hermano Patulo se lo había marcado en un clásico entre Estudiantes y Gimnasia disputado en la cancha de calles 1 y 55. «Vámonos», recuerda que fueron las palabras de su hermano al verlo.
Los testimonios fueron de contexto y permitió a las querellas poner de manifiesto que el Indio Castillo es denominador común en todas las causas que involucran a la CNU, pese a lo que se tramitaron de forma fragmentada, detalló el abogado Pedro Griffo, querellante por las secretarías de derechos humanos.
«Lo importante de estos testimonios es la visibilización de todos los casos de personas que fueron víctimas de la CNU y por la elevación parcial de la causa y la fragmentación de este juicio que no se hizo de manera unificada impulsaban las querellas. Y sobre todo para visibilizar el caso de la familia Rave», puntualizó.
Una vez terminada la audiencia integrantes del público reiteraron el escrache que realizaron el lunes: de pie entre los bancos levantaron carteles en repudio al juez Esmoris, que la semana pasada benefició con la derogada Ley de 2×1 a los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ambos condenados a 25 años y prisión perpetua en 2010, y que entre sus argumentos hizo referencia al fallo de la Corte Suprema.
Al igual que el lunes pasado, el escrache fue breve y se realizó apenas el presidente del TOF1, Germán Castelli, dio por terminada la audiencia. El momento fue elegido adrede por fuera de la audiencia, para evitar que el juez ordene desalojar la sala.
Castillo y Pomares están acusados de integrar los grupos operativos de la Concentración Nacional Universitaria. En el juicio de La Plata, que lleva a cabo el tribunal integrado por Castelli, Esmoris y Pablo Vega, están acusados de los secuestros y asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, de Leonardo Guillermo Miceli, de Néstor Dinotto y Graciela Martini, además de los secuestros de Roberto Fiandor, de Adelaida Ursula Barón y Hugo Daniel Pastorino.
