La pretensión del juez Adolfo Gabino Ziulu de establecer la competencia electoral en la causa que investiga los aportantes truchos en la campaña electoral de Cambiemos en 2017 encontró resistencia en los juzgados penales. Por un lado, el juez Sebastián Casanello ya abrió la investigación. Y en La Plata, Ernesto Kreplak sumó otros tres querellantes al expediente y allanó oficinas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia en busca de información de la regional platense de la Fundación Pensar y de su presidente, Eduardo Di Marco, señalado por un denunciante en el expediente como presunto responsable de la utilización de sus datos.

La resolución, que busca unificar la investigación de los aportes del oficialismo en las campañas primarias y generales del año pasado bajo la órbita electoral, fue emitida por Ziulu, que subroga la competencia del juzgado federal N°1, el miércoles pasado, en respuesta a una inhibitoria articulada por los apoderados de «PRO-Propuesta Republicana». El partido oficialista está en la mira de la justicia penal: en la denuncia, los nuevos querellantes le pidieron a Kreplak que allane el domicilio de esa agrupación política en la provincia de Buenos Aires «y se proceda al secuestro de las fichas de afiliación y de las planillas de aportes desde el inicio de la actividad hasta la fecha».

En el escrito en el que pidió quedarse con la investigación, Ziulu requirió la inmediata remisión de las actuaciones, tanto al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, como al Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Ninguno de los dos jueces todavía rechazó el pedido. Pero cuando el reclamo que busca diluir el escándalo en una violación al Código Electoral fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema, Casanello ya había abierto la investigación que comenzó con una denuncia de La Alameda en base a la investigación de Juan Amorín en El Destape. Fuentes judiciales informaron que el magistrado le va a correr vista a fiscal Carlos Stornelli, que ya dictaminó con anterioridad que esa causa debía investigarse en Capital Federal.

Los argumentos que esgrimirían para que la causa quede en el Juzgado N°7 son que el expediente investiga a organismos nacionales como la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, y que se investiga la posible comisión de delitos federales como falsedad ideológica y lavado de dinero.

También en La Plata la causa penal avanza. El jueves Kreplak allanó oficinas del Estado Provincial y el viernes aceptó tres nuevos querellantes. Se trata de afiliados al gremio docente Suteba que encontraron sus nombres en los listados de aportantes y que aseguran que no pusieron un peso. También descubrieron que están afiliados al PRO sin consentimiento. Por eso pidieron que se allane la sede bonaerense del partido que preside la gobernadora María Eugenia Vidal.

Los nuevos damnificados que se presentaron ante Kreplak son Claudia Arcioli, de Lomas de Zamora; Sandra Bosch, de Moreno y Gustavo García, de Vicente López, quienes lo hicieron con el patrocinio de los abogados Pablo Manuel Vicente y Elizabeth Gómez Alcorta. Los tres son afiliados al sindicato que conduce Roberto Baradel y denuncian a Vidal, por su rol de presidenta del PRO bonaerense, a la tesorera María Fernanda Inza y los responsables económicos del partido Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte, pero también a los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor «Toty» Flores y los responsables económicos de la Alianza Cambiemos, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin.

En la denuncia los acusan de los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad. Y entre otras cosas, le pidieron al juez que allane la sede bonaerense del PRO para buscar fichas de afiliación, las planillas y los recibos de los supuestos aportes. También que ordene una auditoría contable al partido «de los ejercicios económicos de su historial».

Los tres docentes se suman al grupo de beneficiarios de planes sociales de Villa Itatí, Quilmes, quienes ya declararon ante Kreplak. La defensa adelantó a Tiempo que también rechazará la competencia de Ziulu y pedirá que la causa siga en manos del fuero penal. «Son cuestiones distintas: que Ziulu investigue lo electoral, nosotros denunciamos una serie de delitos penales que no sólo se refieren a los aportes falsos sino también a las afiliaciones falsas y eso es lo que debe investigar Kreplak», sostuvo el abogado Luis Hipólito Alén, quien patrocina a los falsos aportantes quilmeños. Entre esos delitos están: falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falsificado y lavado de dinero. «