El alcalde de Machagai, en la provincia de Chaco, es vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Municipios y uno de los firmantes del documento que respalda el pedido para enjuiciar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con Tiempo, Juan Manuel García, desarrolló, con mirada federal, parte de los argumentos por los cuales, junto a sus pares de todo el país consideraron que los magistrados se «arrogaron facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallo el porcentaje de coparticipación de la Ciudad».
García, de 44 años, fue reelecto como jefe comunal de esta ciudad en diciembre de 2019, cuenta que es “oriundo de toda la vida” de Machagai, que tiene “una actividad privada, una pyme” y que “siempre” participó en política. En mayo de 2022, resultó electo como vicepresidente segundo de la FAM.
– ¿Cuál es el motivo central que lo llevó a pronunciarse sobre el juicio a la Corte?
-En primer lugar, la Federación Argentina de Municipios, desde hace un tiempo a esta fecha, con la gestión encabezada en su momento por Verónica Magario y hoy por Fernando Espinoza, y sumado a miles de municipios de la Argentina, con algunas decenas que formamos parte de la Mesa Ejecutiva, venimos trabajando y bregando justamente para que la mirada federal sea efectiva desde el Estado nacional y, por sobre todas las cosas, para tratar de equiparar las desigualdades que son históricas con el interior profundo de la Argentina.
-¿Qué tipo de desigualdades?
-Por ejemplo, en cuanto a infraestructura. En el documento se menciona el nombre de nuestro municipio, que es la Ciudad de Machagai. Es una ciudad de 37 mil habitantes, está en el centro de la Provincia de Chaco, y tiene muchas necesidades que justamente en el centro porteño de la Ciudad de Buenos Aires son impensadas. El Chaco todavía no tiene gas natural, cuando un vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno viaja en invierno, tiene calefaccionadas hasta las veredas de los bares. La verdad, esto es parte de las desigualdades que todavía tiene la Argentina. Y para que no existen argentinos de primera ni de segunda, es necesario que el Estado central federal tenga una mirada en este sentido.
–¿Cómo analiza los argumentos de la Corte para dictar la medida cautelar que “devolvió” al gobierno de CABA parte del porcentaje de coparticipación otorgado por el gobierno de Macri para financiar el traspaso de la Policía Federal, incremento que había sido dejado sin efecto por el Presidente Alberto Fernández?
-La Corte garantiza una injusticia, una asignación de recursos del Estado federal al distrito más rico del país, diciendo errónea y abiertamente que no afecta a las provincias. Esto es totalmente falso, porque no sólo afecta a las provincias. Afecta a cada municipio del interior profundo de la Argentina. Porque cada peso que transfiere adicionalmente el Estado nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un peso menos que el Estado nacional tiene para el resto de la Argentina, para asignar transferencias que van a obras de infraestructura y a políticas públicas que permitan justamente combatir y resolver las desigualdades.
-¿Hay otros factores que le llamen la atención?
-El tiempo en que la Corte lo resuelve. En menos de dos años de la decisión del presidente Fernández ya emitió una medida cautelar. Ahora, uno mira la historia de los fallos de la Corte. A ver, ¿cuántos años tardó la Corte en pronunciarse respecto a la demanda que habían interpuesto las provincias de Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe respecto del 15 por ciento de retención que se hacía en su momento a las provincias, y que venía de decretos de la época de Menem? Tardaron décadas en resolverlo. Entonces, a uno le llama muchísimo la atención, cómo puede ser que ante el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelva con una cautelar tan rápido.
–¿Cómo fue el trato de la Corte hacia los municipios?
-Respecto a los municipios y la FAM, te menciono el caso cuando Macri elimina el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, por decreto. Muchos municipios, entre ellos el nuestro, interpusimos una medida judicial para reclamar esta cuestión. Y la FAM también fue aceptada por la Justicia Federal para representar a todos los municipios del país con este caso. Sin embargo, la Corte nunca lo trató. Entonces, ahí empezamos a ver las distintas injusticias que se dan por las decisiones de esta Corte.
-¿Esto les brinda un argumento más para respaldar el pedido de juicio político?
-Hay una actitud manifiesta de esta Corte en violar códigos de ética pública, en priorizar intereses de los distritos más ricos del país afectando directamente a las provincias y por ende a los municipios. Y eso definitivamente afecta al federalismo. Con este tipo de decisiones no podemos concebir una Patria con igualdad de oportunidades. Y la verdad que la decisión del presidente de la Nación y un grupo muy importante de gobernadores, entre los que se encuentra nuestro Gobernador Jorge Capitanich, de solicitar el juicio político de acuerdo a lo que establece el artículo 53 de nuestra Constitución nos parece absolutamente acertado.
-También hay otro tipo de denuncias que respaldan el pedido de juicio político.
-Por esa razón es que nos hemos manifestado de esta manera, apoyando el llamado de juicio político y que, en definitiva, nos permita esclarecer un montón de situaciones que la ciudadanía empieza a conocer de a poco. Porque no es solamente el hecho de que la Corte tome una determinación respecto a un caso, sino que, con estas filtraciones que hubo semanas atrás, vemos cómo operadores judiciales vinculados, entre otros, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, plantean estrategias en conjunto con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si por estas situaciones actúan de esta manera, ningún ciudadano argentino puede estar tranquilo con una justicia que se maneje de esta manera, tan parcial, tan oscura en los manejos de este tipo. Y la verdad que nosotros seríamos cómplices si no denunciamos estos hechos.
