A sus 36 años, el abogado Juan Grabois transita un momento político particular. Es dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) e integra la coalición del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner al poder. Sin embargo, es uno de los referentes de los movimientos populares más críticos dentro del oficialismo. Se trata de una inflexión histórica para algunas de las organizaciones sociales más grandes del país porque luego de años de intensas movilizaciones, no dejaron la lucha reivindicativa, pero decidieron formar parte de un frente electoral para derrotar a Mauricio Macri en las urnas. En diálogo con Tiempo Argentino, Grabois analiza la nueva experiencia política de formar parte del gobierno, enumera las críticas y demoras que tiene la gestión de Fernández, pero advierte el límite que tiene esa participación: la aplicación de un nuevo ajuste que perjudique a los sectores más postergados luego de la renegociación de la deuda externa.

–¿Cómo evaluaron los movimientos el comunicado del Fondo que consideró «insostenible» la deuda soberana?

–Era bastante esperado. Pero hay una cuestión material: la deuda es inviable porque es inviable aplicar un ajuste sin que el pueblo sufra padecimientos que son inaceptables. Es positivo que sea reconocido por quienes son en parte responsables de esa misma deuda. Sería bueno que los otros corresponsables, como Cambiemos, dijeran lo mismo: tomamos una deuda que no pudimos pagar, nos equivocamos, fue un error y pedimos perdón.

–Pero el Fondo no pidió perdón en ningún momento.

–No, pero reconoce el error de poner la plata para que se vaya en la fuga de capitales, generando una crisis de endeudamiento calcada de la que tuvimos en 2001 y 2002. Eso generó una situación de pobreza, zozobra y miseria que la pagan los que no tuvieron que ver ni con las Lebacs, ni las Leliqs, ni la especulación financiera, ni las decisiones macroeconómicas que tomó Macri.

–¿Qué cree que le pedirá Estados Unidos a Argentina a cambio de su apoyo en el Fondo?

–Lo veo al revés, no creo que nadie facilita nada que no se vea obligado a facilitar. El precio para que no se genere una espiral de desestabilización en América Latina es que la situación argentina se resuelva de la manera más razonable. Si no se resuelve, habrá un proceso de radicalización de las posiciones contrarias al FMI, al establishment y a la política de los Estados Unidos. Lo más pragmático e inteligente para que no se radicalice la situación es que no quieran cobrar al contado y sin quita el monto de una estafa.

–¿Está de acuerdo con la metodología de renegociación que impulsa el ministro de Economía Martín Guzmán?

–Creo que hay que hacer toda la negociación ahora, no solamente con los bonistas. El Fondo quiere que primero se negocie con los bonistas y luego con ellos, recién el año que viene, luego de que los bonistas resignen una parte. Después vendría una prórroga en los pagos que como mínimo tiene que ser de cuatro años. Eso lo quieren definir el año próximo y nosotros creemos que hay que hacerlo ahora.

–¿Por qué considera que tiene que ser todo al mismo tiempo?

–Porque no hay que especular con lo que va a pasar en la política norteamericana, latinoamericana y argentina en los próximos 14 meses. Si existe un rostro humano del Fondo, es más una necesidad que una virtud, porque no pueden darse el gusto de declarar el default porque quiebran. Por eso tienen la necesidad de encontrar una salida a esto. Por ahora hay una especie de promesa secreta de una gracia de cuatro años. Tiene que ser oficial para que los argentinos sepamos que no habrá ninguna exigencia en estos años y, cuando salgamos de una situación del 41% de pobreza, volvemos a discutir. Eso es lo único que garantiza un esquema viable para evitar un default. Pero hay algo peor que el default: un mal acuerdo.

–El establishment sostiene que caer en la cesación de pagos sería una catástrofe. ¿Está de acuerdo?

–Si hay un default no sería una situación más catastrófica que la que hay actualmente. Tampoco sería bueno, porque habría un ciclo inflacionario y un período de relativo aislamiento, pero si sucede hay que apechugar y buscar un esquema productivo más hacia adentro de nuestro país. Es patear un poco el tablero y ver cómo subsistir sabiendo que no vamos a poder tomar deuda. Es lo que pasó en 2002, con el default anterior. No es que la pobreza apareció con el default anterior, estaba antes. Con default o sin default, nuestro rol es organizar la economía popular, que abarca a un 25% de la población, para que no sea un terreno donde campean las mafias.

–Durante esos años hubo un ciclo de luchas muy importante de las organizaciones sociales. ¿Cree que volverá a suceder si luego de la renegociación hay un escenario de mayor ajuste?

–La única diferencia entre entonces y ahora es que se siente menos porque los sectores medios no la ven, porque no hay saqueos. No los hay porque están las organizaciones sociales y un sistema de seguridad social que dejó en gran parte el gobierno de CFK. Hoy tenemos un 41% de pobreza, es decir que son los mismos indicadores que en 2001.

–¿Entonces qué ve distinto?

–Un nivel mayor de cohesión social y que no hay una crisis de representatividad como entonces. Hoy tenemos a un 55% de la población que cree que Alberto y Cristina van a mejorar la situación y hay otra porción que cree en Macri. Pero no tenés a un 80% de la población pidiendo que se vayan todos. Hay una situación distinta desde lo subjetivo, pero las condiciones objetivas son muy similares. Sin embargo, para que lo subjetivo se transforme en objetivo hay muy poco trecho. Por eso no hay ningún margen político para ceder.

–¿A qué concesiones se refiere?

–Es políticamente inviable plantear un programa de ajuste porque nosotros vamos a ser los primeros en salir a luchar. Si hay un programa de ajuste, vamos a romper con el Frente de Todos. Si hay un programa de ajuste que afecte la vida y supervivencia de los sectores más humildes, del sector más pobre de la Argentina, que necesita que se protejan sus haberes, un sector muy grande de la militancia de base pasaríamos a ser oposición. Esto va más allá de los dirigentes, sería un rechazo generalizado en la sociedad. Apenas se perciba que este gobierno no cumple con la promesa que hizo de cambiar las prioridades del macrismo, va a haber una rebelión. Pero el gobierno está cumpliendo, viene lento con algunas cosas, ha cometido errores, como la Tarjeta Alimentaria, que se implementó mal, pero las prioridades están bien puestas.

–¿Por qué la critica?

–Se montó una política social con el prejuicio gorila de que los pobres se la gastan en birra y por eso les impiden sacar la plata del cajero. Eso genera todo un negocio financiero y un proceso de concentración en el supermercadismo del gasto social. En los almacenes de los barrios no hay posnet, entonces toda la gente va a los grandes supermercados. En las poblaciones rurales estaban acostumbrados a ir a sacar su plata una vez por mes y usarla en su territorio. Hoy no lo pueden resolver. La tarjeta se repartió con un criterio de hacer todo con los intendentes. Fue una buena idea, mal implementada, con errores de gestión que espero que se vayan corrigiendo. La vocación política de la conducción del gobierno está puesta en el lugar correcto. 

–Antes de la formulación de este plan, hubo reuniones con los movimientos. ¿Fueron escuchados por el gobierno? ¿Hay una tensión entre las organizaciones y los municipios?

–Sí, porque hay distintas concepciones sobre política social e impactan algunos elementos de inoperancia de un gabinete nuevo que va a tener que ir corrigiendo sus problemas. Es una tarjeta de crédito prepaga, pero la procesadora de pagos se lleva el 2%, cuando una de débito cuesta menos de la mitad. Hay personas que creen que eso debería haberse viabilizado mediante la Anses.

–¿Pero existe una disputa con los intendentes?

–No es un problema de disputa con ellos y no es que nosotros queremos gestionar la política. En la política hay cosas que no se comprenden porque directamente no se conocen. Hay un desconocimiento muy grande del 30% más pobre de la Argentina, su realidad y su desesperación. Esos niveles son desconocidos por la superestructura de la política y de los medios. Sólo lo ven cuando emergen grandes tomas de tierra, saqueos o, como está sucediendo ahora, la muerte de niños wichi y criollos en Salta. Por fuera de eso, que es una tragedia, nadie tiene idea de lo que pasa en Salta.

–¿Cómo es la nueva relación entre las organizaciones y el Estado tras la asunción de Fernández en la presidencia?

–La burocracia política en lo general está alejada y mira a los movimientos con mucha desconfianza. Asumimos esa situación contradictoria cuando decidimos apoyar al Frente de Todos para enfrentar al gobierno de Macri. Creemos en la orientación general que plantea Alberto y es el mejor modelo posible para este tiempo, pero eso no quita que tengamos contradicciones con la gestión de la política social.

–¿Cuáles son?

–Tenemos críticas en la demora de la aplicación de un programa para techo, tierra y trabajo. Nosotros tenemos una perspectiva más sólida, madura y pensada que muchos de los partidos políticos sobre qué hay que hacer con problemas muy importantes de la Argentina. Yo no sé qué puede decir un ministro si le preguntan cómo se hace para terminar con la indigencia en el país.

–Para usted, ¿como habría que hacerlo?

–Con el desarrollo de la economía popular, que implica un cambio distributivo para garantizarles a 5 millones de personas una combinación de transferencia directa del Estado y productividad para que puedan construir un salario mínimo, vital y móvil. Son 5 millones de personas, no 500 mil.

–¿Pudo hablarlo con el presidente?

–Sí, pero hay un poco de subestimación. Estoy muy agradecido al presidente, que me escucha, pero todavía parece que figuras como el escritor Martín Caparrós saben más que nosotros o que Emilio Pérsico. Caparrós escribirá mejor, pero no tiene una propuesta mejor que nosotros.

–¿Qué medidas del gobierno van demasiado lento?

–Me hubiera gustado que al primero de enero ya estuvieran financiando las políticas de urbanización de barrios, de agricultura familiar, de comunicación comunitaria y economía popular que generan mucho trabajo. Todavía está todo en una etapa muy inicial. Dicen que se van a iniciar en marzo, vamos a esperar.

–En el agro hay un sector que amenaza con tractorazos y reclama eliminar las retenciones. ¿Cuál es la posición de los movimientos?

–Las retenciones no pueden estar más bajas que ahora. En el agro, los grandes como la Sociedad Rural usan a los chicos como carne de cañón para defender intereses inconfesables y terminan perjudicados por las propias causas que defienden. Hay un problema político para tratar de interpelar a esos sectores, y es difícil porque se ha creado un sentido ideológico de estar en contra de las medidas populares. Es más importante patearle la escalera al otro que construir escalones para mí. Nosotros, cuando le pateen la escalera a los nuestros, vamos a estar ahí para sostenerla. «