La gratuidad de la educación es uno de los temas que puso en discusión el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien en su campaña habló de la aplicación de un sistema de vouchers. El oficialismo continúa respondiendo desde el Congreso las propuestas del libertario, en este caso con un proyecto de ley de financiamiento educativo para el 2030.
Este miércoles se reunió la Comisión de Educación que preside la diputada frentetodista Blanca Osuna para comenzar el debate de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El encuentro fue de carácter informativo y contó con la presencia del titular de la cartera educativa nacional Jaime Perczyk.
El funcionario explicó: “Es un proyecto largamente trabajado que tiene antecedentes de varios diputados de diversos espacios políticos y que se da en un tiempo de mucho debate y discusión de la educación argentina. A nosotros nos parece muy bien que se debata y se proponga mucho”. “Somos defensores de la educación pública; queremos cuidarla, para defenderla hay que transformarla. Eso se hace defendiendo lo que se ha logrado durante muchísimos años”, agregó Perczyk.
Asimismo, sostuvo que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, «que es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de cinco, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.
Por otro lado, el ministro insistió en la puesta en marcha de jardines maternales de 45 días a 3 años, sobre todo en los sectores populares. En ese punto manifestó que también hay un articulado en la iniciativa. “Si no logramos resolver el cuidado de los chicos y el trabajo de las mamás reproducimos un círculo que tenemos que romper”, precisó. “Proponemos universalizarlos, que todo aquellas mamás y papás que necesiten una salita, la tengan. No estamos proponiendo que sea obligatoria, sino universal, que todo aquel que lo necesite lo encuentre”.
En tanto, el ministro celebró la creación de nuevas universidades. “De esas universidades, el 80, 90% de los estudiantes son los primeros de sus familias que van a la universidad pública. Son universidades en las que el 40% de los estudiantes tienen el primer madre y padre con primario completo y en una generación sus hijos llegan a la universidad”, resaltó.
En la oposición de Juntos por el Cambio se mostraron dispuestos a participar del tratamiento de la iniciativa, aunque señalaron que «no debería estar pegado a la campaña electoral para no enturbiar el proyecto”. Además remarcaron la necesidad de convocar a gobernadores actuales y electos por el artículo que propone invertir los porcentajes entre las provincias y Nación.
“Celebro que pasemos de 180 a 190 días de clases, pero lo hace el gobierno que mantuvo dos años las escuelas cerradas. Los padres están desesperados porque sus hijos no reciben la educación que ellos tuvieron hace 20,30 o 40 años”, subrayó la diputada Sabrina Ajmechet, del PRO.
Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá expresó: “Está claro que la docencia y las familias hacen enormes esfuerzos para el sostenimiento de la educación y prevalece la idea de insatisfacción”. “Desde la parte gubernamental pareciera que se invierte un montón, pero la realidad es diferente”, señaló.
Para Del Plá, muchos de los lineamientos del proyecto, “podrían implementarse de inmediato sin la necesidad de ser una ley”. Además, cuestionó que “del 2006 al 2020, solo en tres años se cumplió la inversión del 6% del PBI”, y agregó que “hay temas como la Educación Sexual Integral (ESI) debería implementarse ahora”.
El texto impulsado por el oficialismo establece, entre tantos puntos, un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6 por ciento hasta alcanzar, en 2030, el 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada en un 6,5 por ciento del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 por ciento a la educación universitaria”, detalla.
El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por las referidas jurisdicciones.
