La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación penal contra el titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, Sergio Brodsky, y la directora de Asociaciones Civiles y Fundaciones, Susana Graciela Junqueira, por haber procurado obtener datos personales de los aportantes del Instituto Patria, la usina de pensamiento y acción política del kirchnerismo.

Brodsky es un hombre cercano al presidente de Boca Juniors y (según reconoció la propia diputada oficialista Elisa Carrió) operador judicial del gobierno, Daniel Angelici.

Ochoa respondió así a la consulta de rigor que le formuló la jueza federal María Servini, ante una denuncia impulsada por el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

La denuncia invoca a la ley 25.326, también conocida como “de Protección de Datos Personales”, que garantiza la reserva de cuestiones “sensibles que revelan una ideología política”. El artículo primero de la ley enuncia que “tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre”. El artículo segundo, en tanto, define como “datos sensibles” a aquellos “personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.

Pese a esos postulados legales –explica la denuncia- Brodsky buscó “obtener los datos personales de los aportantes del Instituto Patria”, entre ellos  “los datos filiatorios de los aportantes”, lo que cristalizó “a través de múltiples inspecciones e intimaciones que culminaron con la imposición de una sanción que fue apelada por el Instituto”.

Esa sanción fue revertida por la Sala L de la Cámara Civil. Como consecuencia de esa decisión, añade la denuncia, “Brodsky denunció a los camaristas ante el Consejo de la Magistratura y les pidió el juicio político por mal desempeño en sus funciones”.

A pesar de la resolución del tribunal civil que garantizó la privacidad de los aportantes en el marco de la ley de protección de datos personales, “Brodsky insistió con las intimaciones, en clara desobediencia del fallo judicial”.

Parrilli denunció “una persecución sistemática y permanente contra el Instituto Patria, y especialmente por parte de Brodsky, un operador de Angelici que utiliza su cargo para hostigar a la oposición”.

Ochoa pidió una serie de medidas de prueba. La investigación está en su etapa embrionaria.