Un tribunal confirmó una investigación contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por presunta “malversación de caudales públicos” en las obras de “puesta en valor” del Parque Las Heras. Se trata de una denuncia formulada en 2017 por la ex legisladora kirchnerista María José Lubertino, quien sostuvo el presupuesto inicial para esas obras era de 25 millones de pesos, pero sin embargo la licitación se hizo por casi 50 y la adjudicación terminó siendo por una erogación de 56.809.263 pesos, es decir más del doble de lo previsto inicialmente.
En rigor, la primera cifra destinada a la reparación era menor aún: 20.019.656 pesos. Ese dinero formaba parte del presupuesto general del programa “Cuidado y puesta en valor de Espacios Verdes”. La defensa de los imputados (además de Larreta, el ministro de Ambiente, Eduardo Macchiavelli; Guillermo Alonso, director de Patrimonio, Museo y Casco Histórico; y Alejandro Pérez, presidente de la junta Comunal 14) argumentó que según establece la Ley de Presupuesto “en modo alguno las sumas previstas originariamente para el programa Puesta en Valor del Parque Las Heras imponía un límite a gastar, en tanto resultaba una facultad del Poder Ejecutivo y el Ministerio decidir” cuánto dinero, de un total de más de 1.500 millones de pesos, se destinaría a esa tarea.
La causa fue delegada por el juez Santiago Quian Zavalía en el fiscal Augusto Troncoso, quien en dos oportunidades pidió el sobreseimiento de Rodríguez Larreta y el resto de los denunciados. Fundamentó su opinión en que el presupuesto de 2017 contemplaba un nivel de gastos de casi 179 mil millones de pesos, con una inflación del 17 por ciento anual. Fue aprobado por 34 votos positivos, 13 negativos y 12 abstenciones. “El Poder Ejecutivo se encuentra autorizado a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total de gastos aprobados por la ley, pudiendo disponer de compensaciones entre las distintas partidas del gasto dentro de las comunas y efectuar transferencias de partidas entre ellas toda vez que resulte necesario asegurar la calidad y continuidad de servicios o agilizar el proceso de descentralización”. Troncoso concluyó que el Ejecutivo “puede destinar más de ese importe para sus mejoras sin necesidad de una ley especial de la legislatura”.
Pusimos en valor el Parque Las Heras. Con más superficies verdes, reacondicionamiento del patio de juegos y nuevas luminarias, ahora que se viene el tiempo lindo vas a poder disfrutarlo mucho más. ????????☉ pic.twitter.com/FSnWINLa0p
— Diego Santilli (@diegosantilli) November 16, 2017
El fiscal Troncoso no halló delito en que el monto original de unos 20 millones terminara en una licitación por alrededor de 57 adjudicada a la firma Salvatori S.A. Parques y Jardines, habitual contratante con el gobierno porteño. Entendió que no se encontraba justificada la denuncia de malversación de caudales por cuanto la reasignación de partidas se hallaba dentro de las facultades legales de la Administración y el expediente de licitación pública había sido tramitado en legal forma.
Para la defensa de los imputados, quedó “absolutamente claro –a partir de los argumentos desarrollados y de la prueba documental acompañada- que todo lo actuado respecto de la obra que se perfeccionara en el Parque Las Heras había sabido respetar, en todos sus términos, las disposiciones legales imperantes en la materia”.
El juez Quian Zavalía anuló el dictamen en dos oportunidades y la sala Séptima de la Cámara avaló la continuidad de la investigación. “Cobra relevancia establecer si el destino asignado en la reglamentación para el gasto de 20.019.656 pesos referido al Parque Las Heras es el mismo que el que se pretendía mediante la licitación de la obra en cuestión originalmente convocada en 49.950.515. Y si así lo fuera a qué se debe la inversión en un monto superior al duplo de lo primigeniamente previsto, que no se explica exclusivamente en el índice inflacionario señalado”.
“La realización del gasto público debe estar precedida de una motivación que no solamente reclama la razonabilidad de su destino y el seguimiento de los recaudos formales que autoricen su ejecución sino que también exige que el monto dinerario aplicado resulte acorde a la finalidad pretendida y que para ello se sigan parámetros objetivos susceptibles de contralor”, sostuvo el juez y ratificó la Cámara.
La investigación sigue abierta mientras se resuelve un recurso de “queja” que tramita ante la Cámara de Casación porteña.
