La persecución y hostigamiento que los maestros bonaerenses denunciaron el viernes y por el que responsabilizaron al gobierno de María Eugenia Vidal, se encamina a causar otro dolor de cabeza a Mauricio Macri. El gremio docente Suteba anunció que por la presencia intimidante de policías en una reunión gremial concurrirá ante organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), acompañado por organismos de Derechos Humanos. Pero también irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con la que el gobierno nacional está en plena campaña de seducción para tratar de sortear el traspié de los presos políticos de la Tupac Amaru.
Todo ocurrió el jueves: por la mañana, un grupo de seis policías bonaerenses pertrechados con uniformes de fuerzas especiales se apostaron en la entrada al Instituto de Formación Docente (Infd) N°186 de la localidad costera de Santa Teresita, donde se desarrollaba una jornada gremial de la que participan delegados de escuelas junto con el el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.
Para el titular del gremio hubo «intimidación y hostigamiento por el reclamo que venimos haciendo». Es que los maestros piden reabrir paritarias y están en plena campaña de denuncia por el recorte presupuestario en educación que propugna Vidal. De hecho, denunciaron que el jueves a la madrugada una patota con custodia policial impidió en La Plata que se realice la campaña de afiches denunciando el ajuste educativo.
Suteba denunció la presencia policial como una «actitud intimidatoria sin precedentes desde la recuperación de la Democracia». Responsabilizaron a Vidal y anunciaron que concurrirán a la CIDH, la OIT, la CSI, la Confederación Sindical de las Américas y la Internacional de la Educación. El gremio está acompañado en la denuncia por la CTA de los Trabajadores, con Hugo Yasky a la cabeza, y por los organismos de Derechos Humanos como CELS, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Comisión por la Memoria.
Además, el diputado bonaerense del FpV Miguel Funes, que preside la comisión de DD HH, realizó pedidos de informe por esos hechos, para que Vidal explique por qué estaba ahí la policía, si la orden emanó del Ministerio de Seguridad, si la presencia fue solicitada por un funcionario de Educación y si los jefes policiales tienen orden de estar presentes en reuniones de ese gremio.
Al denunciar los hechos a la prensa, la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, recordó que el Comité por la Libertad de Milagro Sala que coordina advirtió que lo que pasaba en Jujuy era un laboratorio represivo para todo el país. Parece estar en lo cierto paso por paso: estigmatización desde el Grupo Clarín primero y luego la represión.
«Es claramente un mensaje. Y lo relaciono con una nota de Clarín que escribe Osvaldo Pepe que dice ‘Baradel, el gran privatizador de las aulas’ (NdR: publicada el miércoles), donde nos acusa de setentistas y con falsedades porque le atribuye a los paros el traspaso de la matrícula de la pública a la privada», detalló el gremialista.
En esa línea, marcó la similitud con «métodos como los de la dictadura que buscaban desprestigiar, estigmatizar», dijo. Y recordó que Yasky contó que en los setenta, cada vez que la revista Cabildo hablaba de algún militante, las fuerzas de seguridad o los paramilitares salían a buscarlo. «Buscan generar condiciones de hostigamiento al reclamo que estamos haciendo por la educación pública, por mayor presupuesto. Nos ven como un gran obstáculo a los planes que ellos intentan aplicar: en principio bajar salarios y recortar presupuesto en educación, completó.
El conflicto con el gobierno de Vidal tocó fondo el 10 de noviembre, cuando el Frente Gremial Docente Bonaerense (que lidera Suteba y Feb e integran UDA, Sadop y Amet) realizó una jornada de paro en reclamo de reapertura de paritarias. La baja en la inversión en educación prevista en el proyecto de ley de presupuesto 2017 terminó de profundizar el enfrentamiento, que la gobernadora eligió encarar con palabras dulces pero acciones duras, como el descuento de los días de paro.
Ahora los maestros también la hacen responsable de dos hechos de intimidación haciendo uso de las fuerzas de seguridad. Y la denunciarán en organismos internacionales. «