Durante los ocho años de Mauricio Macri como alcalde porteño, el control del espacio público fue uno de los ejes centrales de su campaña permanente. Desde diciembre de 2015, cuando llegó a la Presidencia, su gobierno buscó aplicar aquellas promesas en la calle. El «bautismo de fuego» quedó en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lo ejerció diez días después de asumir el cargo. Fue contra los trabajadores de la avícola «Cresta Roja» que cortaron la autopista Ricchieri y terminaron desalojados por un cordón de la Gendarmería Nacional. Desde entonces, el viejo slogan de lograr el control del espacio público fue creciendo en el orden de prioridades del Ejecutivo.

La secuencia de movilizaciones y cortes de la última semana profundizó el alerta y presentó un doble dilema: dar señales de liderazgo y evitar que eventuales acciones represivas se transformen en un problema comunicacional que haga «del remedio, una nueva enfermedad». Esas son las dos variables que administran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra Bullrich para analizar «caso por caso» las protestas que se multiplican con el empeoramiento de la situación económica y social.

La Casa Rosada definió algunas medidas urgentes mientras insiste a ambos funcionarios con el pedido de «hacer cumplir la ley»: blindaje del entorno de la Rosada, aumento de la seguridad en los accesos a la Capital, operativos especiales para garantizar que la ruta del Metrobús sobre la 9 de Julio permanezca liberada durante las manifestaciones, y «firmeza» para dispersar los cortes «de dimensiones pequeñas y con la presencia de manifestantes encapuchados». El gobierno espera que ese esquema que el presidente tiene en su escritorio no termine en verdaderas batallas campales televisadas en vivo y en directo.

«Por momentos la situación se torna inmanejable y la represión aparece como una opción inevitable», se lamentó un funcionario de la Casa Rosada este viernes, en el cierre de una semana que registró picos de alta tensión. Ese cuadro se vio especialmente el miércoles en el Puente Pueyrredón: las fuerzas de seguridad atacaron a una columna del Frente Darío Santillán con gas pimienta para cumplir con la advertencia telefónica de Bullrich. «No me cortan el Puente de ninguna manera», había ordenado la funcionaria. El mensaje fue transmitido por los jefes del operativo a los dirigentes sociales que habían anunciado la realización de una «olla popular».

Interpretaciones

El ministro de Justicia, Germán Garavano, habló en las últimas horas de darle «nuevas herramientas» a las fuerzas de seguridad. Un alto funcionario de esa cartera aclaró a Tiempo que «no hay planes de generar modificaciones legales», aunque recordó que «para ordenar más el tránsito y lograr que queden al menos dos carriles libres existen criterios de la Fiscalía General porteña desde la época de Aníbal Ibarra». Aun así, en Justicia confirmaron el interés del Ejecutivo por «reinterpretar» las disposiciones vigentes. «A veces el tema queda en manos de un fiscal y la policía queda en la obligación de correrlos, pero muchas veces, cuando pasa eso, los daños son aún mayores porque con un operativo represivo exponemos a más gente», se lamentó otra fuente oficial.

El mapa que diseñan en Justicia incluye también la firme decisión de avanzar en «todos los procesos y denuncias necesarias» contra los dirigentes y referentes de las protestas. La medida contempla «la redefinición del marco de actuación de las fuerzas federales en rutas nacionales, acceso a la Capital y zonas de jurisidicción nacional». De esa forma, el gobierno evitaría pasar por el Congreso por una nueva normativa.

Internas

El rol de Bullrich durante los cortes del miércoles reavivó en segundos los problemas de coordinación que mantiene con sus pares, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; y el porteño, Martín Ocampo. «No hablaría de internas, pero la que cortó el Puente fue Patricia», acusó uno de los funcionarios federales que monitoreó la evolución de las protestas. Las diferencias de criterio entre Nación, Ciudad y provincia son materia de discusión permanente en las reuniones que Cambiemos reedita dos o tres veces por semana, con información provista por el Comité de Seguridad Interior que conduce Gerardo Millman y que se nutre de información de inteligencia provista por las fuerzas de seguridad y por datos de Desarrollo Social y Trabajo.

La confirmación práctica del consumo de información de inteligencia y el despliegue de efectivos de civil sin identificación data de la marcha del 8 de marzo, durante el Paro Internacional de Mujeres. Cuando la jornada estaba por concluir, Bullrich autorizó una virtual cacería de mujeres luego de una escaramuza frente a la Catedral Metropolitana. «La Plaza de Mayo, y todo lo que tenga que ver con la seguridad presidencial depende del Estado Nacional, no de la Ciudad», aclaró un vocero del alcalde Rodríguez Larreta para deslindar su responsabilidad.

«El protocolo funciona, no ha quedado desbordado, pero la definición depende de cada jurisdicción. En cada caso nuestros comisarios preguntan por qué protestan, pero muchas veces son conflictos con el gobierno nacional, no con la Ciudad, pero igualmente la ligamos nosotros», se quejó una fuente cercana al alcalde porteño. «