Organizaciones indígenas del país instalarán este sábado una carpa frente al Congreso para exigir la prórroga de la Ley N° 26.160, que impide el desalojo de las comunidades de los pueblos originarios, a la vez que ordena el relevamiento y regularización dominial de sus tierras. La norma pierde vigencia el 23 de noviembre próximo por lo que el reclamo busca «sensibilizar al pueblo argentino» en apoyo al aplazamiento para evitar que distintas comunidades pierdan sus territorios. En la protesta también estará el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La Carpa de Comunidades de Pueblos Originarios se instalará en la plaza de Los Dos Congresos entre el 23 y el miércoles 27 de septiembre, cuando el Senado podría tratar la prórroga de la ley 26.160, que fue votada en 2006 y prorrogada en 2009 y en 2013, y declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojo de esas tierras.

El reclamo se produce cuando el reclamo territorial de la Pu Lof en Resistencia, que exige tierras ancestrales mapuche en Chubut, se encuentra en el primer plano de la agenda pública luego del incremento del hostigamiento hacia la comunidad, la represión de Gendarmería y la desaparición de Santiago Maldonado.

«El día 7 (de septiembre) no se trató la ley y los días están pasando y eso nos preocupa», explicó a Tiempo Gabino Zambrano, vicepresidente de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA). Ese día, mientras organizaciones de pueblos originarios esperaban sobre la avenida Rivadavia, el Senado rechazó el tratamiento del proyecto de prórroga de la Ley de Comunidades Indígenas y se votó preferencia para su tratamiento en la sesión siguiente.

«Por eso con un conjunto de organizaciones indígenas, entre las cuales está AIRA, resolvimos hacer una carpa frente al Congreso de la Nación para sensibilizar al pueblo argentino en apoyo a la prórroga de esta ley porque afectaría a diferentes comunidades a lo largo del país que pueden perder sus tierras», detalló Zambrano .

Además de AIRA, entre los convocantes están la Organización de Comunidades y Pueblos Originarios (OrCoPo) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), entre otras.

Según datos oficiales, en Argentina hay 1.532 comunidades indígenas. Zambrano destacó que el principal problema si no se aprueba la prórroga es que a partir del 23 de noviembre, muchas comunidades van a ser expulsadas de los territorios en los que viven porque «tienen sentencia impulsadas por los terratenientes».

-¿Si no se renueva la prórroga podrían multiplicarse conflictos como los que están ocurriendo del sur del país?

-Si. Lo que estamos viviendo en el sur es un tema que puede acontecer en todo el país. No es una cosa sencilla porque atrás de todas estas cosas están las grandes trasnacionales, los grandes terratenientes, las mineras, los sojeros y están a veces en connivencia con los poderes provinciales. Entonces, puede ser que están por dejarla caer (a la Ley 26.160).

Por su parte, en declaraciones periodísticas, Benito Espíndola, de la Organización de Comunidades y Pueblos Originarios, dijo que los legisladores más reacios al reclamo de los pueblos originarios son Federico Pinedo del Pro, el radical Ángel Rozas y el justicialista Miguel Ángel Piccheto, entre otros, quienes pretenden patear la discusión para después de las elecciones.

«Queremos solicitar apoyo al pueblo argentino y lo haremos basando en una consigna básica como es el cumplimiento de la prórroga de esta ley y el cumplimiento de los derechos indígenas como el artículo 75 inciso 17 (de la Constitución Nacional que declara la preexistencia étnica y cultura de los pueblos indígenas argentinos), y en las leyes que ya existen», explicó Zambrano.

Y concluyó: «También solicitamos el cese de la persecución a los luchadores indígenas a lo largo del país y pedimos también la aparición con vida del hermano Santiago».