Un día después de la marcha por la inseguridad, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, volvió a echarle la culpa a la Justicia por la ola delictiva que vive la provincia de Buenos Aires.

“La justicia y el garantismo se convirtieron en la puerta giratoria que permitió que reine la impunidad entre los delincuentes y que 33 de los homicidios ocurridos en ocasión de robo en la provincia hayan sido cometidos por personas que tenían que estar presas y estaban libres. Eso llama a la reflexión”, sostuvo el funcionario de Vidal antes de pedir “un golpe de timón” a la justicia..

En conferencia de prensa, el funcionario anunció cambios en el manejo de los recursos económicos y de las licencias de la Policía bonaerense y habló de la marcha por seguridad #quenotepase convocada por familiares de víctimas de asesinatos en ocasión de delito y femicidio, que se realizó ayer frente al Congreso de la Nación.

“Estamos de acuerdo. Para que no pase tenemos que tener una mejor policía, jueces y fiscales que se comprometan con lo que hacen todos los días. Muchos de los que estuvieron ayer en la marcha entienden que empezó un cambio”, dijo y aclaró que “cuando hablamos de terminar con la puerta giratoria no nos estamos lavando las manos”.

Ritondo formalizó el traspaso del área administrativa de la Policía, que maneja las horas extra (Cores), los viáticos y el gasto por combustible, a la Subsecretaría de Administración del Ministerio. También anunció que el control de las carpetas médicas –actualmente el 10% de la fuerza está con licencia- pasará a estar también bajo esa área.

«Nosotros queremos un control civil de la fuerza», señaló el ministro y agregó que «la policía debe ser policía y la administración tiene que estar en manos de civiles, por eso necesitamos efectivos cada vez mejor formados para las calles y civiles cada vez mejor capacitados para la administración».

El cambio no es casual y llega tras la renuncia del superintendente de Coordinación Administrativa, Néstor Martín, quien manejaba una caja de 500 millones de pesos y es investigado por Asuntos Internos por enriquecimiento ilícito tras la presentación de su declaración jurada, en la que incluyó siete propiedades, un helicóptero y más de dos millones de pesos en efectivo.

Esa superintendencia fue eliminada del organigrama y ahora el manejo de los recursos pasará a manos del subsecretario Legal, Técnico y Administrativo, Ignacio Greco. También estarán bajo su órbita las 30 delegaciones que estaban bajo el mando del comisario investigado.