En los últimos días del 2022, la justicia federal de Tucumán tomó una decisión inédita en las causas por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: el Tribunal Oral Federal hizo lugar a una medida cautelar pedida por la fiscalía para embargar inmuebles del Ingenio La Fronterita que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad en la localidad de Famaillá.

La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas, de las que 11 permanecen desaparecidas. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa y están acusados cuatro ex directivos de La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.

La medida cautelar, que se toma por primera vez en causas de lesa humanidad, podría sentar un precedente importante en otros expedientes en los que se investiga la responsabilidad de empresarios.

“El pedido consiste en cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino el fiscal general Pablo Camuña, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán.

En 2016, la familia Figueroa Minetti vendió el 50% de la empresa a una multinacional de origen mexicano, incluido el ingenio y su casco histórico, sin embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas. Además de los inmuebles, la medida cautelar incluyó el embargo preventivo de las acciones de Figueroa Minetti y sus rentas.

Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. A partir del Operativo Independencia, los dueños de La Fronterita le dieron control total en el predio a las fuerzas represivas, que se instalaron en tres espacios: el “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y las viviendas llamadas los “conventillos. Todos ellos fueron reconocidos por sobrevivientes como lugares donde fueron mantenidas cautivas personas y torturadas.

Los cuatro empresarios están imputados como cómplices primarios de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio. También fueron acusados de obtener ganancias extraordinarias a partir de su relación con el aparato represivo ilegal.

La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2021, luego de tres años de demoras, y tanto las querellas como la fiscalía solicitaron varias veces que se realice el debate oral, pero el TOF de Tucumán aún no fijó la fecha. “Si bien el estado de salud de los imputados es bueno y por ende son aptos para participar en el debate, son personas de avanzada edad. El tiempo es fundamental para evitar la impunidad”, añadió Camuña, quien espera que finalmente comience este año.