Para el Poder Judicial Argentino, los muertos y heridos durante la represión de las policías Federal y Metropolitana en el Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, fueron consecuencia del obrar de un loco. Un uniformado que decidió, por las suyas y sin que lo supiera ninguno de sus colegas, cargarle a su escopeta antitumultos cartuchos a los que previamente él había adulterado poniendo postas de plomo entre las de goma. No fueron cartuchos provistos por la Metropolitana sino otros que él tenía y que adulteró para salir a matar y herir gente durante la toma del parque. 

Dice el fallo de la jueza Mónica Berdión de Crudo, que sobreseyó a casi todos los policías, incluyendo a los jefes, y al actual viceministro de Seguridad (titular de la cartera durante el gobierno porteño de Mauricio Macri) Eugenio Burzaco: “Ahora sabemos que fue sólo uno de los policías intervinientes quien adulteró los cartuchos multi posta anti tumulto y utilizó material balístico no facilitado por la fuerza”.

El único procesado por aquellos sangrientos episodios ocurridos hace más de siete años es el ex policía Metropolitano Ricardo Andrés Picart, quien fue procesado por los delitos de “homicidio” y “lesiones”, embargado por 630 mil pesos pero sin prisión preventiva. 

La causa venía bamboleándose desde su inicio. La propia Berdión de Crudo había procesado a la mayoría de los policías pero la Cámara le dio vuelta esa decisión y le marcó líneas de investigación que indicaban, sin decirlo taxativamente, que no debía haber responsabilidad institucional por la muerte de la ciudadana boliviana Rossemary Chura Puña y el paraguayo Bernardo Salgueiro, y las heridas de al menos otros cinco ilusos que creyeron que se estaba loteando el Parque Indoamericano y acudieron allí a buscar su parcela de tierra para levantar su casa. 

El policía Picart dijo que durante la represión, ordenada por sus superiores, utilizó las armas y municiones que le proveyó la Metropolitana. “Resulta claro que Picart mintió en su descargo y omitió mencionar que en el procedimiento utilizó cartuchos no provistos por la fuerza, muy presumiblemente por que habían sido adulterados con anterioridad y porque él conocía esa circunstancia”, replicó el fallo.

Si las muertes y heridas fueron consecuencia de la acción aislada de un único policía que actuó al margen de las órdenes de sus mandos, entonces ningún otro uniformado (mucho menos los jefes) tuvieron responsabilidad en los hechos. Y, menos que menos, el ministro de Seguridad, quien ni siquiera fue llamado a indagatoria en los siete años y tres meses que lleva la causa abierta.

Burzaco había sido acusado por la fiscalía y la querella por su supuesta “responsabilidad por su calidad de jefe de la Policía Metropolitana ya que en ese carácter tuvo una intervención directa en el control operacional del procedimiento de desalojo del Parque Indoamericano”.

Pero la jueza respondió que “si la prueba obrante hasta el momento en el sumario ha resultado insuficiente para acreditar la responsabilidad del personal jerárquico que intervino directamente en el procedimiento, menos aún puede ser pasible de imputación quien en aquel momento revestía el carácter de Jefe de la Policía Metropolitana”.

La jueza tomó en cuenta otro antecedente en el que el Poder Judicial arribó a una “solución” parecida: la represión en marzo de 2013 en la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín. Allí no hubo muertos pero sí heridos con postas de plomo, y un tribunal oral resolvió a mediados del año pasado que todo había sido obra de otro policía loco que adulteró, también por las suyas, los cartuchos con postas de plomo. 

“Al verificarse que una de las escopetas utilizadas durante el curso de los sucesos ha disparado cartuchería no entregada por la fuerza, se ve conformado un grado de certeza suficiente para sostener que fue el personal al cual se encontraba asignado el armamento (el oficial mayor Ricardo Picart) quien, al menos, utilizó cartuchos no aportados por la fuerza, de lo cual puede inducirse que habría sido él quien sustituyó una o más postas de goma por postas de plomo”, dice el fallo.

Como una muestra acabada del afán de los uniformados por cumplir con su deber, llevaron sus propias municiones por las dudas que las aportadas por la fuerza no estuvieran en buenas condiciones o no fueran suficientes