A pesar del entusiasmo inicial, los ásperos vaivenes de la crisis brasileña cosecharon sensaciones contradictorias en el entorno del presidente Mauricio Macri durante la previa de la cumbre del Mercosur que se realizó en Mendoza entre jueves y viernes. La primera señal anticipatoria de las preocupaciones repercutió en Buenos Aires una semana antes, cuando el Senado brasileño aprobó por 50 votos contra 27 el proyecto de reforma laboral que envió el presidente interino Michel Temer. El contenido del proceso de flexibilización que ahora rige en el socio mayor del Mercosur, no es desconocido para la administración de Cambiemos. Por el contrario: fue anunciado por la diplomacia comercial verdeamarela a sus pares argentinos desde hace un año. Tampoco es repudiado en el grupo de funcionarios que rodean al presidente, pero llegó en un momento electoral delicado para el oficialismo. «Hay un problema de timing», se lamentó un funcionario del Palacio de Hacienda argentino, para reconocer que la tortuosa votación de la reforma brasileña se concretó «justo antes» del arranque de la cumbre de Mendoza, donde el gobierno argentino esperaba hablar de Venezuela, la Alianza del Pacífico, los acuerdos comerciales con la Unión Europea, pero nada que los obligara a blanquear, ante la prensa local e internacional, el plan de reforma laboral que diseña la administración de Macri, para poder «reducir los costos laborales y aumentar la competitividad nacional», según definen los funcionarios del gobierno que se animan a hablar del tema. 

«No es el momento político. No nos conviene hablar de esto en este momento. Que lo tengamos que mencionar es todo pérdida, al menos de acá hasta octubre», confesó un vocero de la Casa Rosada, mientras otros socios del PRO, dentro de Cambiemos, se animaban a cruzar esa línea discursiva. Uno de ellos fue el ministro de Hacienda mendocino, Lisandro Nieri: «Uno de los factores que afectan la competitividad es el laboral, por eso hay que bajar los costos tributarios, la presión fiscal y los costos laborales», espetó el hombre que maneja la caja fiscal del gobernador Cornejo. Las palabras del funcionario no aportaron precisiones, pero ampliaron las declaraciones del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, en una de las conferencias de prensa ofrecidas durante la cumbre. «Tenemos que mirar lo que pasa a nuestro alrededor, Brasil acaba de aprobar una reforma laboral que nos impone un nuevo desafío en la Argentina e implica menores costos en Brasil, no podemos estar ciegos de lo que pasa. Apostamos a hacerla como lo hemos hecho en casos exitosos, entre empresarios y trabajadores, como el acuerdo que profundizamos sobre Vaca Muerta con el sindicato de trabajadores de gas y petróleo», reconoció el ex Techint y ex Southern Crossn ante una consulta de este diario. 

«Será a través del diálogo –aseguró el secretario–. Argentina puede aspirar a tener un nivel de inversiones de 25 mil millones de dólares en un período en la medida que seamos consistentes serios y confiables», cerró Reyser, sin mencionar que, desde la perspectiva del oficialismo, la pieza clave para esa aspiración es la aplicación de una reforma laboral muy parecida a la que fue sancionada en Brasil, aunque los técnicos del Ministero de Trabajo que conduce Jorge Triaca dibujan un borrador que también está inspirado en el régimen laboral chileno. 

«No se está conversando de ese tema, pero no será como a la brasileña», atajó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en la misma cumbre, poco antes del giro que aportó Reyser. El primero en contener el impacto local de la flexibilización que comenzará a regir en tierra amazónica fue el secretario de Coordinación de la jefatura de Gabinete, Mario Quintana. «Lo que queremos hacer en todos los casos es generar condiciones para que haya más trabajo y en segundo lugar lo vamos a hacer sobre la base  de consenso y diálogo con los sectores de los trabajadores y empresarios. Acá no va haber sorpresas, ni va a caer un (misil) Exocet inesperado para nadie», confió el «controller» de todo el Gabinete Económico. 

Los contornos de la proxima reforma laboral, por ahora, están dentro del discreto archivo de «medidas inconfesables antes de las elecciones» que atesoran algunos destacados funcionarios del gobierno. «Ante este nuevo escenario del Brasil, es posible que tengamos que tener algún esquema para analizar las asimetrías laborales entre los países socios del Mercosur, pero sería para equilibrar el impacto de las reformas, y nosotros todavía no tenemos la nuestra», confió un alto funcionario mendocino, que presenció las rondas más importantes de la cumbre.

Debajo de la pirotecnia diplomática, este diario pudo saber que Dujovne, en su rol de principal vocero de la política económica de Cambiemos, dijo algo cierto. La reforma laboral argentina está en marcha, pero no será como la brasileña. Sino con un esquema de negociación en varias etapas con los principales sindicatos que integran la Confederación General del Trabajo (CGT). El núcleo más duro del plan tiene que ver con los estatutos de actividad en pie, junto a los convenios colectivos de trabajo, pero el camino principal gira en torno a la nueva ley de riesgos laborales, donde Macri intenta que cada gobernador adhiera a la reducción de las alícuotas vigentes. El otro punto tiene que ver con la legislación laboral, sus estrados tribunalicios, y los jueces que administran gran parte del «stock de juicios vinculados a la litigiosidad de riesgos laborales, que alcanza, por lo bajo, los 5000 millones de dólares». Esa órbita, extremadamente espinosa para la negociación con los gremios, depende de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que funciona bajo la órbita de Dujovne. «