Patricia Bullrich seguramente no sabía que hacía unas horas acababa de finalizar la Semana Internacional del Desarme cuando declaró que «el que quiera estar armado, que ande armado, y el que no quiera estar armado, que no ande armado: la Argentina es un país libre», aunque inmediatamente después, la ministra de Seguridad aclaró: «Nosotros preferimos que la gente no esté armada».
Los dichos de la funcionaria fueron realizados a medios locales de Río Cuarto (Córdoba) tras una cena en el restaurante La Pancha con sus pares de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Energía, Javier Iguacel, además del secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere. Habló en medio de una fuerte protesta de integrantes de la Federación Universitaria que criticaban las políticas del gobierno nacional. En ese marco, volvió a justificar el accionar del policía Luis Chocobar, pronto a enfrentar un juicio oral por haber asesinado por la espalda a Juan Pablo Kukoc, quien había apuñalado a un turista estadounidense en diciembre del año pasado.
Poco antes, una periodista le había preguntado a Bullrich si ese tipo de discursos no fomentaba el uso de armas en la sociedad y qué pensaba de que la Corte Suprema hubiera rechazado los planteos del efectivo de Avellaneda al dejar firme su procesamiento por «homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber».
«Fue una formalidad (la ratificación de la Corte). Va a juicio oral y ahí la razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante», justificó la ministra y se preguntó: «Actuó para defender a alguien que estaba siendo atacado. Actuó bien, como policía, ¿por qué lo vamos a condenar?».
La consternación fue generalizada. Esa palabra eligió la Red Argentina para el Desarme (RAD) para pronunciarse: «La tenencia de armas no está prohibida en la Argentina, pero está sujeta a normas y condiciones especiales establecidas. No está librada a lo que ‘la gente’ se sienta ‘libre’ de hacer al respecto, como afirmó la ministra», sostuvieron desde la ONG en un comunicado, en el que destacaron que «incentivar a los ciudadanos a armarse para proveerse su propia protección o seguridad personal es ni más ni menos que reconocer el fracaso del Estado».
«La seguridad pública no mejorará si se permite que proliferen los ‘ciudadanos sheriff’, los vengadores anónimos o los que asuman que tienen derecho a hacer justicia por mano propia. La mejora de la seguridad pública es una construcción social basada en la empatía y la solidaridad, en la que el Poder Ejecutivo debe poner sus recursos al servicio de la prevención. Y eso no significa dar ‘piedra libre’ para matar ni a las fuerzas de seguridad, ni a los ciudadanos: es minimizar los riesgos, para lo cual la restricción de la proliferación de armas es clave», continuó la RAD.
El organismo, integrado por diferentes asociaciones que bregan por el desarme, concluyó que «se agrava el desinterés que el Poder Ejecutivo Nacional ha demostrado en los últimos tiempos en cuanto a más y mejores políticas públicas de control de armas. Pedimos al gobierno que aclare la cuestión y desacredite los dichos de su ministra». Caso contrario, analizaron, «será admitir que delegaron en los ciudadanos armados su deber de cuidar a todos los habitantes de la Nación».
En la web de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) aún puede verse la conmemoración de la Semana del Desarme, que comienza el 24 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la creación de las Naciones Unidas, y se extiende hasta el 30. En breves líneas se recuerda que el Plan de Restricción de Armas de Fuego «integra los 100 objetivos de gestión del Gobierno Nacional». Sin embargo, Cambiemos demoró cerca de un año en darle continuidad al dispositivo implementado para que los civiles entreguen voluntariamente sus armas y municiones.
Además, como informó Tiempo, que el gobierno haya puesto a la empresa Dienst Consulting a cargo del otorgamiento de certificados para la obtención de las licencias de legítimos usuarios generó un gran negocio de millones de pesos en desmedro de la proliferación de las armas en negro: actualmente, de poco más de un millón de credenciales, el 70%, unas 711 mil, están vencidas. A este ritmo, mes a mes, unas 4200 armas que estaban registradas pasan a ser ilegales. Este diario pudo saber que apenas se persigue judicialmente a dos de cada mil usuarios cuya licencia se venció. «
Eugenio Cozzi
Al frente de la ANMaC desde julio, presidió el Colegio de Abogados de la Capital y fue directivo de Alutara, la versión local de la «Asociación del Rifle».
