El ex presidente interino por 12 horas y actual senador y presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue formalmente imputado por el presunto delito de «negociaciones incompatibles con la función pública» por presuntamente haber favorecido desde su cargo a una empresa de telecomunicaciones en la que figura como fundador.

El fiscal federal Patricio Evers imputó al senador oficialista y la jueza federal María Servini de Cubría ya dio los primeros pasos en esa dirección. Pidió informes sobre las empresas y los funcionarios que trabajan en el área de comunicaciones del actual gobierno, que anteriormente -según la denuncia- formaban parte de la empresa a la que ahora Pinedo pretendería beneficiar mediante la presentación de un proyecto de ley que sólo es posible después de que fuera anulada de hecho la Ley de Medios Audiovisuales.

La causa se disparó a partir de una denuncia periodística del sitio de internet El Disenso (www.eldisenso.con), que el 15 de noviembre del año pasado informó que «en el año 2005 Federico Pinedo, José Sanchez Elia y Hugo Miguel compartieron en el el directorio de la telco TE.SA.M ARGENTINA S.A. (hoy TESACOM).

Ese mismo año, el entonces diputado Pinedo presentó el proyecto de Ley de Telecomunicación que fuera reciclado en el Senado a principios de noviembre de 2016. Mientras el equipo original de TESAM hoy está del lado del gobierno, ocupando diversos puestos relacionados directamente con la toma de decisiones respecto a políticas satelitales y de telecomunicaciones de nuestro país, el representante de su socia HISPASAT asesora respecto a las políticas satelitales del ARSAT (su competencia)».

El senador Federico Pinedo fundó una de las mayores empresas de telecomunicaciones de la región y ahora presentó un proyecto de ley para beneficiarla desde el Congreso. Directores y gerentes de la empresa son hoy funcionarios del Ejecutivo mientras que sus socios fueron denunciados públicamente por haber puesto en órbita dos satélites sin permiso, aunque aún no se están autoinvestigando.

Hoy los que compiten con ARSAT como privados son quienes regulan la competencia desde el Estado.

«El pasado 28 de septiembre Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, reflotó su proyecto de Ley de Telecomunicaciones que originalmente presentó como diputado en el año 2005. Con algunas actualizaciones, el proyecto inclina marcadamente la balanza a favor de las telcos. TESAM Argentina S.A. / Tesacom es en la actualidad una empresa internacional líder en soluciones integrales de comunicación, uno de sus socios es Federico Pinedo. El resto de los nombres que conformaron su directorio son hoy los funcionarios del gobierno que deciden respecto a la regulación de las mismas telcos que ellos manejan y representan», explicaba la denuncia original, que fue recogida por el abogado Leonardo Martínez Herrero y llevada a la Justicia.

El fiscal Evers impulsó la investigación y Servini de Cubría ya ordenó las primeras medidas de prueba. «Requiérase a la Inspección General de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que informe al Tribunal, en el plazo de 72 horas, todos los datos y/o antecedentes que pudieran hallarse registrados respecto de las sociedades TESAM ARGENTINA S.A. —actual TESACOM— (CUIT 30-68732541-5) e HISPASAT S.A. (CUIT 30-70847889-6), haciéndose especial hincapié —pero no limitándose— a su integración societaria y a la nómina de directores titulares y suplentes, desde el momento de su creación hasta la actualidad.

Solicítese al Ministerio de Comunicaciones de la Nación que informe, en el plazo de 72 horas y por medio de quien corresponda, si José Sánchez Elía, Héctor Huici, Hugo Darío Miguel, Mariana Allerand y Eduardo Tallarico —de quienes se desconocen más datos hasta el momento— ejercieron y/o ejercen en la actualidad cargos públicos ante esa cartera ministerial», dispuso la jueza.

Servini ya «verificó la efectiva presentación de un proyecto de ley de telecomunicaciones por parte del Señor Presidente Provisional de esa Cámara Alta, Dr. Federico Pinedo, el cual fue registrado bajo el expediente S-3757/6 e ingresado por mesa de entradas de ese cuerpo legislativo el pasado 26 de septiembre de 2016», y ordenó la impresión del proyecto para incorporarlo como prueba al expediente. La jueza remitió oficios al director de la Inspección General de Justicia, Sergio Rubén Brodsky y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.