Dos mujeres militantes de una biblioteca popular de Jujuy denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales les armó una causa hace un año con pruebas recolectadas en las redes sociales. Están imputadas por amenazas contra el mandatario provincial por una serie de pintadas en el centro de San Salvador. Ambas presentaron pruebas y pidieron pericias de sus teléfonos celulares para demostrar que no estuvieron en el lugar, pero el fiscal aún no les dio lugar. “En el expediente no hacen nada más que probar nuestro trabajo en el barrio. No tienen ninguna prueba para sostener la imputación”, indicaron hoy en una conferencia frente al Ministerio Público de la Acusación en la que pidieron el sobreseimiento.
Ana Julia Ramos, de 32 años, y Marisol Velázquez, de 25 años, son trabajadoras de la Biblioteca Popular «Niños Pájaros» del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, militan en la organización social y política AJI 20 y fueron candidatas a diputadas provinciales. En junio del año del 2021 fueron imputadas por amenazas contra Gerardo Morales, un delito que tiene pena de prisión. Ambas presentaron pruebas de que esa noche estuvieron en sus casas, una de ellas con Covid, y señalaron al fiscal Diego Funes por dilatar el sobreseimiento. “Es una causa armada por ser militantes”, le dijo Velázquez a Tiempo.
“Hoy mostramos el expediente bochornoso y vergonzoso. A mi me imputan porque soy Fan Destacada de AJI 20 en Facebook. Dicen que fui candidata y remarcan los emojis y emoticones que hacía en los comentarios. En las pruebas en contra mía, señalan el emoticon del puñito hacia arriba en los comentarios. ¿Cómo imputas a una joven porque hizo un comentario en Facebook de un puñito?, ¿Entonces cualquier persona que es fan destacado debería estar imputada?. No tenemos absolutamente nada que ver, somos totalmente inocentes. Ese día yo estaba en mi casa porque era el Día del Padre. No hay respuesta, no nos dan el sobreseimiento y por eso visibilizamos el expediente para que se vea que es una causa armada”, denunció la mujer que trabaja en la parte de Comunicación de la biblioteca.
Por su parte, Ramos aclaró que la noche de la pintada estaba en su casa con Covid. Es por eso que pidió las pericias de la señal de su celular para confirmar sus dichos. Sin embargo, no se tuvo en cuenta su pedido. “Estamos acusadas penalmente por un graffiti. Presentamos pruebas que comprueban que nosotras ese día nos encontrábamos en nuestra casa. Hemos pedido la localización de nuestros celulares, tenemos pruebas suficientes como para ya tener el sobreseimiento pero estamos cumpliendo un año de esta persecución política por parte del gobierno de la provincia de Jujuy”, indicó a este medio.
“Las pruebas que presenta el fiscal Diego Funes no hacen más que comprobar que hacemos un trabajo barrial y que somos fans destacadas de las redes sociales de nuestro partido. Consideramos que es una persecución política porque el expediente no prueba que estuvimos esa noche pintando ese graffiti sino que hay pruebas de que somos parte del partido. El gobierno nos persigue porque militamos”, agregó Ramos, que es docente
Meses después del inicio de la causa, en noviembre del 2021, desde la Biblioteca denunciaron a un efectivo de la Policía de Jujuy que estuvo infiltrado durante tres años en la Radio Pueblo, la emisora comunitaria de la organización. «Hicimos la denuncia y no sabemos porque no nos da explicaciones hasta el día de hoy de que hacía un policía en nuestro espacio. Eso sí es ilegal y deberían encargarse de investigar la justicia y no perseguirnos por atrevernos a organizarnos. Al parecer no le interesa investigar eso”, agregó Ramos.
Las mujeres indicaron los padecimientos mentales que les provoca esta situación. “Ya pasó un año y te provoca daño psicológico y violencia institucional. Es muy injusto porque somos dos chicas jóvenes y estamos pasando por esto. Yo voy caminando solita y veo un policía y siento que me siguen o veo un patrullero y me entra el miedo”, agregó Velázquez.
