El escandaloso arreglo judicial por la deuda del Correo Argentino con el Estado ya tiene una investigación judicial que involucra al presidente de la Nación, Mauricio Macri. El fiscal federal Juan Pedro Zoni impulsó este martes la acción penal contra el jefe del Estado, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. Zoni se hizo eco de las primeras denuncias por el «perdón» de más del 98 por ciento de la deuda del Correo con el Estado, según lo explicó en dos dictámenes la fiscal del fuero en lo comercial Gabriela Boquín. Pero, en rigor, las denuncias contra los Macri (el apellido está a ambos lados de la negociación, como empresa y como Estado) ya rozan la decena. Por un extraño imán de bolillero, la causa recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo. Los caprichos que durante el gobierno anterior llevaban los expedientes sensibles al juzgado del renunciado Norberto Oyarbide, ahora se reparten con un curioso sortilegio temático entre Lijo, Julián Ercolini y Claudio Bonadio. 

El fiscal Zoni pidió investigar una maniobra que consistió, según su hipótesis de trabajo, en «conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal” del Correo. «Se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. El dinero «perdonado» es de todos, y según el dictamen, “el interés público no habría sido protegido de la forma adecuada”. 

Hay un nombre clave en la denuncia, y es el menos conocido. Juan Mocoroa es un funcionario de segunda línea que, según se desprende del dictamen de la fiscal Boquín -recogido por su colega Zoni-, no tenía aptitud escalafonaria ni funcional para intervenir en el acuerdo judicial presentado ante la Justicia. Pero, además, según Zoni hay una línea funcional jerárquica que lo vincula en la punta de la pirámide del aparato estatal con el presidente de la Nación. Durante el fin de semana e incluso este mismo martes, en la conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el argumento oficial deslizado para justificar el acuerdo fue que «el Presidente no sabía», ni se había interesado por él. Mocoroa, su rol en la gestión, parece ser la desmentida a esa suposición de lejanía entre el presidente Macri y las empresas Macri. Según el fiscal, Mocoroa «desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel”. 

«Surge con claridad que Correo Argentino SA esta controlado por Sideco Americana SA, la cual a su vez es controlada por Socma Americana SA, cuyos accionistas serían integrantes de la familia del Presidente de la Nación; siendo usufructuario vitalicio de esas acciones el Sr. Francisco Macri; señalando finalmente una serie de actos jurídicos que evidenciarían que las referidas sociedades funcionan como grupo empresario”, sostiene el dictamen.

Técnicamente, lo que hizo Zoni no es una «imputación». Ante la consulta del juez Lijo, entendió que hay razones suficientes para impulsar una investigación, y eso fue lo que hizo. Propuso una serie de medidas de prueba que no trascendieron. Es habitual en estos casos, porque apunta a garantizar que la prueba no se evaporará, aunque muchas veces cuando llega la acción judicial ya es tarde.