El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, Javier González Fraga, por los créditos que otorgó, eludiendo la normativa y los controles que debió respetar, a la firma Vicentín, una cerealera que se declaró en cesación de pagos y comprometió seriamente la situación financiera del banco estatal.
La imputación abarca a los máximos directivos de Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, pero podría extender sus alcances al ex titular del Banco Central Guido Sandleris (de hecho, la carátula del expediente lleva su nombre) y a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.
Entre una serie de medidas de prueba que impulsó el fiscal aparece un pedido a la Cámara Nacional Electoral para que “informe si alguna de las firmas que componen el grupo Vicentín realizó aportes entre los años 2015 y 2019 e indique partido político, monto de cada aporte, fecha, destino, origen y todo otro dato que se cuente en relación a los mismos”.
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Según un informe elaborado por la actual conducción del Banco Nación, las presuntas irregularidades que llevaron a Vicentín a acumular una deuda con el Banco Nación de unos 18.500 millones de pesos, de cobro “incierto”, pudieron originarse en “los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición Juntos por el Cambio, que la ubican como la principal contribuyente”.
De hecho, la denuncia precisa que “en forma prácticamente simultánea a la elección de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias —PASO—, (la empresa) comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación”.
La causa se inició por denuncia del presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, quien se hizo eco de un informe elaborado por el nuevo director del Banco Central, Claudio Lozano.
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Pollicita citó a Lozano a declarar, pero no concurrió. “Pese a la incomparecencia de Lozano y a los fines de no demorar la investigación, a partir de la incorporación de información de dominio público y de una copia del informe que se encuentra subida a la página web del partido político Unidad Popular, al que pertenece Lozano, en lo sucesivo formularé el correspondiente requerimiento de instrucción”, se adelantó el fiscal.
Vicentín registró “un notable crecimiento que habría verificado entre los años 2015 y 2018”, lo que le permitió “pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking en el año 2015, al sexto puesto general y primero en su actividad en el 2018”.
Sin embargo, hoy denuncia una delicadísima situación económica. ¿Es real esa situación?
Según el informe del Banco Nación, la empresa pudo haber dibujado ese quebranto: “la sociedad utilizó un criterio dual imputando en dólares los pasivos —cuando aparentemente no todos ellos serían en esa moneda— y colocando en pesos todos los activos —cuando principalmente sus productos son exportados y representan ganancias en dólares—“.
“Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.
Durante el macrismo, su endeudamiento “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas y sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente”.
Ello ocurrió, además, sin la intervención del directorio del Banco Nación.
El informe de Lozano indica que ante los reclamos de la línea administrativa (no política) del Banco “los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex presidente del Banco, González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.
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Vicentín también es investigado por una presunta elusión tributaria, ya que “del balance correspondiente al año 2018, habría aportado a la AFIP tan solo 2,4% de las ganancias que declara mediante un mecanismo contable que le permitió retraer las ganancias”.
El fiscal pidió, además, que “se solicite a la Oficina Anticorrupción si tramita o tramitó algún expediente vinculado a los hechos objeto del presente sumario”.
