Al grito de. Olé olé, olé ola, para Milagro la libertad, para Morales el repudio popular, dirigentes y militantes de ATE Capital reclamaron ayer ante los secretarios de Derechos Humanos de todo el país, que deliberaban en el marco del Consejo Federal de DD HH, la libertad de Milagro Sala, la dirigente de la agrupación social Tupac Amaru presa desde enero en Jujuy.
El cuerpo, que se reúne en la ex ESMA, podría emitir hoy un pronunciamiento en ese sentido, de imponerse la postura llevada a la reunión por el nieto recuperado y secretario de DD HH de Santa Cruz, Horacio Pietragalla, que contaría con el apoyo de la mayoría de los representantes provinciales.
La escena que capitalizó ayer Daniel Catalano, titular de ATE Capital, sorprendió al secretario del área a nivel nacional, Claudio Avruj, y al secretario ejecutivo del Consejo, Alejandro Collia, quienes encabezaban el encuentro. Un centenar de trabajadores del gremio ingresó a la reunión portando carteles y afiches con la imagen emblemática de Sala. La acción fortaleció la postura de una decena de funcionarios del área de Derechos Humanos de las provincias que venían reclamando una reunión para tratar el caso que mantiene a la Argentina al borde de un juicio internacional, a partir de la desobediencia por parte del gobierno frente al pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y que respaldó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el titular de la OEA, Luis Almagro.
Esto (la detención) no pasa porque Milagro era kirchnerista sino por ser una mujer de un pueblo originario, por eso este Consejo tiene que tener una posición clara, es una situación muy grave y no podemos ser todos cómplices de una futura sanción de organismos internacionales que no van a sancionar sólo a Jujuy sino a todo el estado argentino, sostuvo Pietragalla en su discurso.
El caso Sala acaso el conflicto internacional de mayor envergadura en materia de Derechos Humanos para la actual gestión macrista- no figuraba en la agenda de temas del Consejo y fue incluido por presión de los representantes de once provincias que plantearon una moción de orden para incluir su tratamiento.
