Los gremios SUTEBA y FEB pidieron la impugnación del régimen de retiros voluntarios que el gobierno provincial dispuso para los docentes que no estén frente a alumnos por considerar que contradice el Estatuto Docente.
La presentación fue realizada ante la Subsecretaría de Capital Humano de la Jefatura de Gabinete. Los gremios solicitaron la impugnación de la resolución 84 que reglamentó los retiros -que ya existían para los estatales bonaerenses- para el sector docente.
Esa resolución dispuso que podrán acceder al retiro el «personal docente titular comprendido en la Ley 10.579 al que le faltaren más de cinco años de prestación de servicios para acceder a un beneficio jubilatorio», siempre y cuando no tengan alumnos a cargo. La indemnización prevista es de 10 a 30 sueldos, de acuerdo a la antigüedad en el empleo.
La secretaria de Jubilaciones del SUTEBA, Marina Mapelli, explicó que el retiro voluntario «no se encuentra contemplada en la legislación de fondo y se contradice con las normas estatutarias» del sector. Precisó que sí se encuentra expresamente contemplado en la ley 10.430 -que regula la actividad de los estatales bonaerenses-, «por lo que solo puede afectar a auxiliares y administrativos de la Dirección General de Cultura y Educación».
«Ante una crisis autogenerada por el mismo gobierno, Vidal propone un régimen muy parecido al de los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y Fernando De la Rúa», consideró Mapelli, al tiempo que calificó a los retiros como «una trampa, un espejismo para trabajadores de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta la gran disminución del campo laboral privado».
Por último, la dirigente del SUTEBA señaló que la medida es «otra maniobra» del gobierno provincial para «desfinanciar» al Instituto de Previsión Social (IPS). «Como siempre sostenemos, han elaborado un plan meticuloso, que lleva un innumerable conjunto de medidas con el objetivo de desfinanciar el IPS y desmantelar el Estado provincial para justificar la asistencia financiera desde la nación, comprometiendo la autonomía de nuestra caja previsional, nuestro trabajo y nuestros derechos tal como lo prevé la Ley de Reparación Histórica», afirmó.
El régimen de retiros voluntarios para los empleados públicos de la provincia fue promulgado en junio por el gobierno provincial en espejo con la Nación, como parte de las medidas para profundizar los gestos de austeridad en el manejo el gasto público, que comenzaron con la reducción de la planta de personal político. Sin embargo, hasta el mes pasado sólo se habían adherido 265 trabajadores, según precisó Vidal.
La presentación fue realizada ante la Subsecretaría de Capital Humano de la Jefatura de Gabinete. Los gremios solicitaron la impugnación de la resolución 84 que reglamentó los retiros -que ya existían para los estatales bonaerenses- para el sector docente.
Esa resolución dispuso que podrán acceder al retiro el «personal docente titular comprendido en la Ley 10.579 al que le faltaren más de cinco años de prestación de servicios para acceder a un beneficio jubilatorio», siempre y cuando no tengan alumnos a cargo. La indemnización prevista es de 10 a 30 sueldos, de acuerdo a la antigüedad en el empleo.
La secretaria de Jubilaciones del SUTEBA, Marina Mapelli, explicó que el retiro voluntario «no se encuentra contemplada en la legislación de fondo y se contradice con las normas estatutarias» del sector. Precisó que sí se encuentra expresamente contemplado en la ley 10.430 -que regula la actividad de los estatales bonaerenses-, «por lo que solo puede afectar a auxiliares y administrativos de la Dirección General de Cultura y Educación».
«Ante una crisis autogenerada por el mismo gobierno, Vidal propone un régimen muy parecido al de los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y Fernando De la Rúa», consideró Mapelli, al tiempo que calificó a los retiros como «una trampa, un espejismo para trabajadores de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta la gran disminución del campo laboral privado».
Por último, la dirigente del SUTEBA señaló que la medida es «otra maniobra» del gobierno provincial para «desfinanciar» al Instituto de Previsión Social (IPS). «Como siempre sostenemos, han elaborado un plan meticuloso, que lleva un innumerable conjunto de medidas con el objetivo de desfinanciar el IPS y desmantelar el Estado provincial para justificar la asistencia financiera desde la nación, comprometiendo la autonomía de nuestra caja previsional, nuestro trabajo y nuestros derechos tal como lo prevé la Ley de Reparación Histórica», afirmó.
El régimen de retiros voluntarios para los empleados públicos de la provincia fue promulgado en junio por el gobierno provincial en espejo con la Nación, como parte de las medidas para profundizar los gestos de austeridad en el manejo el gasto público, que comenzaron con la reducción de la planta de personal político. Sin embargo, hasta el mes pasado sólo se habían adherido 265 trabajadores, según precisó Vidal.
