La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnaron a dos de los candidatos propuestos por el gobierno porteño para cubrir el cargo de Fiscal General y dos vacantes de jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad por considerar que “no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para  los que son propuestos”.

Se trata de Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques. El primero, actual Secretario de Justicia de la Nación,  propuesto para cubrir una de las vacantes del TSJ, el equivalente porteño de la Corte, y el segundo –postulado como Fiscal General de la Ciudad- es el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Las organizaciones civiles adivrtieron que la Subsecretaría a cargo de Mahiques depende de la Secretaría de Justicia, a cargo de Santiago Otamendi. “Esto significa que quien hoy es su jefe directo podría llegar a convertirse en uno de los jueces ante quien Mahiques deba litigar en caso de que las designaciones propuestas se confirmen. Además de carecer de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, el candidato no tiene la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal”.

Tal como publicó Tiempo el 7 de abril, se trata de figuras estrechamente ligadas a la militancia política dentro del macrismo. Además de desempeñarse como el segundo del ministerio, Otamendi comparte con el ministro Germán Garavano un estudio jurídico fundado en 2002. Ambos pasaron por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y con Garavano como fiscal general porteño, su amigo fue, entre 2012 y 2104, secretario de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos Cuando Macri llegó a la Rosada, ellos lo hicieron al Gabinete nacional.

Otamendi también compartió con Garavano una denuncia penal por supuesto encubrimiento en favor de Eamon Mullen y José Barbaccia, exfiscales de la causa AMIA señalados por entorpecer esa investigación. Los denunció en 2018 Mario Cimadevilla, que dirigió la Unidad Especial AMIA hasta que Cambiemos la cerró en marzo de ese año. Y juntos compartieron varias jornadas de timbreo del PRO que difundieron en sus redes sociales, un detalle que las organizaciones que impugnan su postulación también advirtieron en un documento difundido el miércoles.

“Por esos motivos, consideramos que la cercanía del candidato con el partido que ejerce el gobierno tanto a nivel Nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias. Dicho conflicto se ve potenciado si se tiene en cuenta que, de asumir el cargo al que aspira, una gran proporción de las causas que deberá resolver tienen al Gobierno de la Ciudad como una de las partes”, afirmaron ACIJ, CELS e INECIP.

Y agregaron: “Vale destacar que estos cargos revisten una gran importancia para la vida democrática de la Ciudad. El TSJ es el máximo órgano de justicia porteño y tiene la última palabra sobre las causas judiciales en ese ámbito, incluidas las que son contra funcionarios públicos. El Fiscal General, por su parte, es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Además, tiene a su cargo el diseño de la política criminal y de persecución contravencional y penal.

Además de objetar la postulación por falta de antecedentes y formación académica y trayectoria profesional necesarios para el cargo, recordaron que organizaciones como Human Rights Watch denunciaron su reciente actuación -en su rol de representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura- en el impulso de juicio político contra el juez que se encuentra a cargo de la investigación sobre vínculos indebidos entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia en el “Caso D´Alessio”.

“Reclamamos que se cumpla con los requisitos de idoneidad técnica y de independencia que garanticen el funcionamiento autónomo de estas instituciones, que son de suma importancia para la vida democrática de la Ciudad, en un contexto en el que el Poder Judicial de nuestro país enfrenta altos índices de desconfianza pública” concluyeron las organizaciones.