Finalmente, la Justicia pidió el procesamiento de los cinco policías acusados de reprimir brutalmente a un grupo de Madres de Plaza de Mayo que se había movilizado hasta la Casa Rosada el mediodía del 20 de diciembre de 2001, mientras la Argentina atravesaba una de las crisis sociales, económicas e institucionales más profundas de su historia contemporánea.
El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, acusó a los efectivos policiales de «vejaciones» cometidas durante una «manifestación pacífica», al tiempo que planteó la hipótesis que aquel ataque a las Madres bien pudo haber sido la mecha que desencadenó la masacre de diciembre de 2001, que arrojó un saldo de más de 30 muertos y decenas de heridos.
La identificación de los sospechosos surgió luego de un análisis sobre fotos y filmaciones que llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración.
El pedido de procesamiento ante el juez Claudio Bonadio alcanzó a los integrantes de la Policía Federal Ernesto Sergio Weber, Fernando Héctor Villegas, José Luis González, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas, que formaban parte del Cuerpo de la Montada.
Cuando declararon en indagatoria, los policías se refirieron a las agresiones de los manifestantes, a la orden que habían recibido para desalojar la Plaza de Mayo y al descontrol que se impuso en el escenario en cuestión de minutos.
Durante las jornadas de 19 y 20 de diciembre, cinco manifestantes fueron asesinados en la zona de Plaza de Mayo, y otros cientos resultaron heridos. A nivel nacional, las víctimas fatales superaron las tres decenas.
En la causa, el expresidente Fernando de la Rúa fue sobreseído por su responsabilidad en la brutal represión. En el año 2016, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años y nueve meses de prisión a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad Interior del gobierno, y a cuatro años a Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA), por ordenar y dirigir la represión policial.
En esa oportunidad, el tribunal también condenó a Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por sus responsabilidades en el operativo y a otros cinco funcionarios policiales. También absolvió a otros seis policías y sobreseyó a otros dos.
En ese juicio, el Poder Judicial consideró por primera vez que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias que tienen las órdenes de reprimir una protesta social, sin medir las consecuencias. En 2001, todo concluyó en una masacre. «
