El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky es uno de los integrantes de la Comisión de Juicio político de la Cámara Baja y tendrá que definir sobre el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de la Nación que presentó en el Congreso el presidente Alberto Fernández. En diálogo con Tiempo, Yasky se refirió a la intromisión del Máximo tribunal en el Poder Legislativo y Ejecutivo. Resaltó la importancia de exponer los vínculos espurios de la justicia con los sectores del poder económico y la oposición en el país.

–¿Qué cree que va a pasar con el pedido del juicio político?

-Va a ser parte de un proceso que se va a sustanciar en la Comisión y la primera fase, que será de 60 días, va a consistir en la acumulación de cargos, las respectivas pruebas, la convocatoria a testigos. Creo que esa etapa va a ser importante si esto no queda encerrado dentro del Palacio Legislativo y si es conocido por la población. Es decir: si esto permite generar un proceso que ponga al descubierto esa trama oscura, casi siempre protegida por el poder y la complicidad de los medios que ha hecho de esta Corte una especie de súper poder que interfiere y avanza sobre el poder legislativo y ejecutivo, aquellos que son elegido por el voto popular.  

-¿Cuáles son las principales imputaciones contra Horacio Rosatti y el resto de la Corte?

-Las principales imputaciones tienen que ver con la escandalosa intromisión para hacerse del Consejo de la Magistratura, que consistió en poner en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso. Es claramente una atribución que no le corresponde a la Corte porque no puede reponer leyes que han sido derogadas. Otro fallo que muestra la connivencia con los grupos económicos del país es el que en plena pandemia impidió que el acceso a internet pudiera estar al alcance de toda la población confiriéndole a esos servicios el carácter de un derecho público, en plena pandemia. Esto demostró que la Corte hace prevalecer el lucro y la concentración de la riqueza de grupos poderosos del país. Otra sentencia que significa una violación de poderes fue la que favoreció a (Horacio Rodríguez) Larreta con la restitución de ese plus de coparticipación que le había otorgado Mauricio Macri de manera arbitraria, por decreto, y sin discutirlo en el Congreso y el resto de los gobernadores. Hay otros como lo de Lago Escondido o la utilización de la justicia para perseguir militantes políticos y sociales.

-¿Se puede lograr el número en Diputados, a pesar de que se visualiza complicado el apoyo al pedido?  

-Es muy probable que el número de diputados que se necesitan, porque es una mayoría especial, no sea factible. Sabemos que así como Rosatti es casi un jefe de campaña de la oposición, todo el sector opositor va a amparar y actuar con reciprocidad a tantos favores recibidos por los miembros de la Corte. Es decir que les van a cubrir las espaldas y garantizar su impunidad.

–¿Qué piensa de la proscriopción a Cristina Fernández y su decisión de no ser candidata?

-La proscripción de Cristina forma parte de una nueva manera de desestabilizar los procesos de avances populares, neutralizar a sus dirigentes y construir una especie de retaguardia de los grupos dominantes. En Argentina, particularmente, esto tiene una tradición política. Hay una larga historia de proscripciones. Durante el peronismo, el máximo líder del movimiento fue proscripto. Los grupos de la derecha en aquella época del país lo intentaron de naturalizar sosteniendo que era una forma de preservar la democracia, lo que es evidentemente un contra sentido absoluto. La proscripción a Cristina es el intento de proscribir al pueblo argentino en su lucha por alcanzar justicia social y un país más justo.