Tras la difusión de imágenes de la violenta represión a vecinos de Campo Verde que defendían su territorio en Jujuy, el abogado que los representa, Héctor Huespe, denunció “persecución” por parte del gobierno de Gerardo Morales y advirtió que en esa provincia “están cercenando a todos los ciudadanos su derecho de defensa”.

Defensor de feriantes y de vecinos y vecinas de Campo Verde que reclaman contra la ocupación provincial de territorios de la comunidad, Huespe fue acusado por instigar usurpaciones e incluso hubo un intento por detenerlo, cuando personal policial lo fue a buscar a su casa con una supuesta orden de arresto.

“Lo más grave de todo, y más allá de si existió o no la orden, es la imputación a un abogado en ejercicio de su profesión. Es una amenaza extorsiva a todos los otros abogados. Es decirles ‘si se meten en causas que me perjudican, les meto imputaciones y hasta es posible que los meta presos. Se viola de manera evidente todo el sistema de defensa de los derechos de las personas”, alertó Huespe en diálogo con Tiempo.  Y denunció que en Jujuy “no existe el Estado de derecho” y que “desde Nación no se articularon los medios para garantizar el efectivo ejercicio de un Estado democrático” en la provincia.

Según Huespe, la persecución en su contra comenzó en el marco de su defensa de las y los feriantes jujeños. “Logré sacar una medida cautelar que los protege, y esto les quitó a Morales y sus funcionarios la posibilidad de meterlos en predios privados y cobrarles alquileres. Un negocio de ellos de casi 18 millones de pesos por mes”, afirmó. Y agregó: “En el marco de esa causa denunciamos a cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia porque se robaron un expediente. Ahí comenzó la persecución”.

Luego empezó la situación en Campo Verde, un barrio popular creado hace más de 45 años. Allí, la comunidad acordó que un predio de seis hectáreas se destinaría a la construcción de escuelas de todos los niveles. La obra comenzó con la primaria, pero quedó inconclusa. En el último tiempo, se instalaron rumores de que Morales pretendía inaugurar una secundaria fuera de ese predio, ocupando otro que fue rellenado y acondicionado por los vecinos para construir una cancha y un espacio de recreación para el barrio.

Los intentos de ocupación provincial de ese espacio comenzaron a principios de marzo y vecinas y vecinos se resistieron. El 4 de marzo frenaron el ingreso de un camión al predio. El 8 de marzo, ante la versión de que Morales haría un acto allí, hubo una convocatoria para repudiarlo. “Esa madrugada me llaman las vecinas. Estaban reprimiendo, había venido la policía. Salgo para el barrio y había un operativo descomunal de policías sin identificación. Me presento como abogado de los vecinos, pregunto dónde está la orden judicial, nadie respondió. Identifico al secretario de Seguridad de la provincia para saber el motivo por el que estaba ahí. No respondió. Las vecinas se sentaron delante del cambión. Eran 400 efectivos”, relató Huespe.  

Nueve días más tarde, en el mismo momento en que se cortó la señal telefónica de las y los vecinos organizados de Campo Verde, otro operativo policial desmedido irrumpió para finalmente ingresar al predio en disputa. “En esas tres horas fueron los videos de Caballería correteando niñas, metiendo latigazo a un niño, pegándole a vecinos que levantaban los brazos. Golpearon mujeres, así ingresaron de esa manera violenta y sin identificación y sin orden del juez usurparon el inmueble y empezaron a cercarlo”.

El operativo incluyó detenciones violentas y derivó en presentación de hábeas corpus. “A mí me imputaron el delito de instigar la usurpación. Luego libraron una orden de arresto (desmentida desde la prensa oficialista) que no existió por parte de un juez sino del Ministerio Público a cargo de Sergio Lello Sánchez, brazo ejecutor de Morales y denunciado por violencia de género”, apuntó Huespe. 

“Yo estaba viniendo para Buenos Aires para hacer presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos en Campo Verde. Como tengo teléfono intervenido –señaló el abogado- se enteran que estaba viniendo y tenía grabaciones de todo lo que pasó y la policía salió a buscarme, fueron a mi casa, mi compañera abre y había efectivos policiales mostrando una orden diciendo que venían a detenerme (…) Vinieron cuatro veces en pocas horas a mi casa”. Además de la Comisión, lleva la denuncia a colegios de abogados y la Federación Argentina de Abogados. También, a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que tiene a cargo el estudio de los proyectos de ley de intervención de la provincia de Jujuy.

“Cuando decimos que en Jujuy no existe el Estado de derecho y que Morales es un dictador, es por esto. Si no te podés defender y las persona que te tienen que defender están condicionadas, no existe el Estado de derecho”, advirtió Huespe, y pidió que se visibilice la situación que atraviesa la provincia.