Tienen en común el debut como precandidatas a diputadas o senadoras nacionales para las primarias de agosto, una militancia política centrada en la defensa de los derechos más afectados por las políticas neoliberales del gobierno nacional y su vinculación con las complejas tramas que rodean a la Justicia, en sus roles de abogadas o dirigentes sindicales.
Tiempo convocó a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala y del líder mapuche Jones Huala, María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), Vanesa Siley, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) y Florencia Casamiquela, representante de las víctimas de la Masacre de Florencio Varela, para un diálogo conjunto sobre las condiciones que las llevaron a involucrarse en la política parlamentaria, el contexto en el que tomaron la decisión y los desafíos que les plantea a sus respectivas fuerzas políticas la necesidad de construir mayorías para disputar la elección legislativa.
«Yo milité en el peronismo desde toda la vida, desde muy chica, y concibo a la política como herramienta de transformación de modo que el único lugar en el que entiendo que se puede llevar adelante el debate es la política», justifica Casamiquela su decisión la compañera de Florencio Randazzo en la fórmula para senadora bonaerense por el Frente Cumplir.
«En mi caso es una decisión colectiva a la que fuimos llegando desde la construcción del espacio político de la Corriente de Izquierda Poder Popular, donde resolvimos desde hace un tiempo empezar a dar los pasos hacia la conformación de una herramienta de intervención electoral y eso se pudo concretar este año con Poder Popular y a partir de allí el acuerdo al que logramos llegar para integrar las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) que es el espacio que mejor representa la propuesta alternativa hacia los trabajadores a partir de las definiciones del antiimperialismo, el anticapitalismo el antipatriarcado y con un horizonte hacia el socialismo», explica Verdú, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.
Siley va en el promisorio cuarto lugar de la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana. «Para nosotros, los trabajadores organizados, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, a la que pertenezco, es fundamental que el movimiento obrero tenga un lugar de representatividad también en las instituciones políticas y en las instituciones del Estado. Es un orgullo y sobre todo una enorme responsabilidad integrar Unidad ciudadana con la conducción de Cristina Kirchner», asegura.
Para Gómez Alcorta, precandidata a diputada nacional porteña por Ahora Buenos Aires, que va a las PASO dentro del Frente Unidad Porteña acompañando a Itaí Hagman, la decisión de dar el salto desde la militancia territorial o profesional a un partido político surgió de la convicción de que ante «el nuevo escenario político que es la derecha llegando al poder por medio de los votos, no alcanzaba en términos personales con la militancia barrial, profesional, sindical, universitaria y había que darla en las urnas».
¿Cuánto pesó el contexto de un retroceso en los derechos que ustedes vienen defendiendo para que decidieran salir a dar una disputa en términos electorales?
Verdú: En nuestro caso, venimos de muchísimos años de construcción por la base en distintos frentes de militancia, género, estudiantil, sindical, anti represivo, es a partir de ese análisis de coyuntura que tiene que ver con la etapa que se inicia en diciembre de 2015 que vemos la necesidad de dar este paso para tener intervención también en este ámbito de disputa. Yo siempre hago el paralelo de las elecciones con los tribunales: el territorio es de ellos, las reglas de juego las ponen ellos, pero de la misma manera que nos sirve judicializar determinado conflicto porque nos permite darle visibilidad, hablemos del gatillo fácil, de la tortura, de las mujeres secuestradas en la red de trata, también nos parece que en un año que va a estar marcado por el debate electoral esta intervención nos permite llegar más a fondo y a sectores donde habitualmente no llegamos con las propuestas concretas que tenemos, que por supuesto parten de la denuncia de la situación real de empeoramiento de las condiciones de vida para todos los trabajadores y trabajadoras y de retroceso en todos los derechos.
Gómez Alcorta: Estos 18 meses también hay que pensar que la oposición ha sido tibia. Además de haberle permitido gobernabilidad al macrismo, también se ha quedado por momentos paralizada y eso a nosotros nos llevó a pensar que era un momento necesario para crear una nueva mayoría que fuera un frente amplio que pudiera permitir un nuevo tipo de oposición. Creemos que son dos años vitales, porque sabemos lo dice el propio gobierno que si vuelven a tener legitimidad después de las elecciones lo que se viene es más ajuste, más represión esto es evidente.
Casamiquela: El contexto social y económico es un descalabro. Nosotros como espacio político entendíamos que debíamos poner un freno a esta situación, pero para hacerlo no había otro modo que revisar aquellos errores que habíamos cometido para que Macri llegue a presidente y lleve adelante estas políticas. Lo que no podemos hacer es consolidarnos como una minoría intensa. Acá no se trata de ver quién grita más fuerte todo lo malo que es Macri sino que se trata de ganarle.
Siley: Con la restauración neoliberal se agudizan muchos problemas estructurales de nuestro país, como por ejemplo la pobreza, la subocupación, o el trabajo informal y se comienza con una nueva camada de quita de derechos en materia laboral. Hubo 500 mil despidos en 2016 y ya tuvimos 5000 este año, o casos que conocemos. Recordemos que en 2016 hubo una ley sancionada de emergencia laboral que evitaba los despidos y que luego fue vetada por el presidente y eso nos dejó en evidencia que no alcanza solamente con la tarea institucional desde un Parlamento, sino que se necesita la organización social en la calle, el aporte que puedan hacer las instituciones del pueblo, organizaciones sociales, sindicales, centrales de trabajadores de economía popular, y fundamentalmente las mujeres. En cualquier tasa que uno revise, la principal variable del ajuste cuando se trata de pérdida de derechos es la mujer, y la pérdida de independencia económica a las mujeres nos deja muchos más expuestas a situaciones de vulnerabilidad. El contexto requiere de las fuerzas sociales adentro del Congreso de la Nación y también organizadas en la calle, en el espacio público. Sin esa unión difícilmente se pueda poner un freno al ajuste.
GA: Vanesa, ¿no pensás que la calle, la gente, la organización popular estuvo mucho más a la altura de las circunstancias que la dirigencia política? Tuvimos un marzo caliente con cinco movilizaciones por distintos temas, memoria, trabajo, economía popular, género y tengo la sensación de que efectivamente el pueblo está mucho más organizado y empoderado me viene a la cabeza el fallo Muiña (2×1) que es el que me corresponde. Tengo la sensación de que la dirigencia está por detrás de la organización social que está en la calle
S: Sí y de hecho la idea es que seamos una polea de ese movimiento que está en la calle En estos meses aflora la construcción de un nuevo modelo estatal macrista que reduce derechos y a la vez surge una cantidad de ciudadanos que suscriben a ese tipo de mirada, o apelan al «vayan a laburar». ¿Cómo se construye mayoría en ese escenario, cómo se le habla a esa parte del electorado?
V: Eso se llama construcción de consenso y nosotros lo ubicamos como una más de las herramientas represivas de la mano de la coerción directa. No hay represión más útil más eficaz que la que no parece serlo. Cuando vos estás viendo en la TV las imágenes que vimos en la 9 de Julio y Belgrano el miércoles pasado con los binomios de los motociclistas de la policía disparando contra personas absolutamente desarmadas, o a lo sumo revoleando un cascote, y el graph decía «incidentes en la 9 de Julio»… ¿Qué incidente? Incidente es que yo me pare, tumbe el plato y tire los sándwiches al piso, eso es un incidente, lo que vimos ese miércoles era represión. Hay un devenir continuo que no es exclusivo de la actual gestión, porque se puede rastrear en los doce años anteriores. Pero el macrismo lo viene utilizando con un enorme aporte de los medios hegemónicos que exacerban lo que siempre ha sido una política de la clase dominante. Allí es donde aparece una tarea central que es la de decir que el rey está desnudo, que es la de llamar a las cosas por su nombre y hacerles ver de qué se trata en realidad, para que venga la reflexión. GA: Es posible que alguno no sienta empatía con los trabajadores que están en la 9 de Julio, con quien va a reclamar
pero a esa misma persona le aumentó la luz, le quitaron la pensión y creo que ahí hay un tema que, más allá de que los medios hegemónicos cumplen un rol importante, tiene que ver con la dirigencia. En la dirigencia argentina de los últimos años tenemos dos estilos: el que hace la política del marketing, como Massa, que como la gente quiere represión hace su campaña sobre la pena de muerte, y también están los que se creen que tienen la verdad revelada y entonces quieren tratar de convencer a la gente de que tienen la verdad revelada. Nosotros somos muy críticos de las dos formas de ejercicio de poder político y me parece que hay un déficit muy grande y de autocrítica de aquellos que efectivamente sostienen discursos muy progresistas en poder construir política de un modo distinto. A esos sectores se llega hablando, pero sobre todo escuchando. Hay muy poca capacidad de escucha que no sea en términos de marketing para la política argentina hoy.
S: Este es un problema histórico, y de la región también, no solo de Argentina. Escuchaba el otro día a (Álvaro) García Linera hablar acerca de cómo el avance en la percepción de derechos no termina siendo interiorizado para después tener un pueblo que los defienda al momento de los ataques. Porque la discusión siempre termina siendo en el plano de cuánta conciencia hemos podido generar como propios actores populares. Creo que esa es una tarea, un desafío, profundamente cultural.
C: Pero también es cierto que a la dirigencia política le faltó madurez para dar algunos debates. Recuerdo cuando se decía que los derechos eran irreversibles cuando el pueblo se empoderaba y vimos que tiempo después sucedió todo lo contrario, no hay derechos irreversibles cuando existe un gobierno para ricos y no un gobierno para todos y en ese sentido tenemos que tener la madurez política para debatir, cada uno con su convicción, algunos problemas en Argentina que no nacieron ayer: la pobreza, la desigualdad, el acceso a la vivienda.
La Justicia está cumpliendo un rol clave en la convalidación de los avances sobre algunos derechos. Si tuviesen que impulsar alguna legislación que contribuya a configurar un mejor poder judicial qué harían?
S: La reforma que requiere el Estado en su conjunto, los tres poderes, tiene que ser superior a la línea legislativa porque tuvimos una experiencia, una de tantas, una fue en 2013 con seis leyes que implicaron la democratización del Poder Judicial, de las cuales las fundamentales, como el ingreso democrático y la elección de miembros del Consejo de la Magistratura por el voto directo, fueron declaradas inconstitucionales o no reglamentadas por la misma Corte Suprema y hoy no tienen aplicación. Debemos instalar fuertemente el debate social acerca de cómo se compone el Poder Judicial, necesitamos un conocimiento cabal por parte de la sociedad de quiénes son las personas que toman decisiones sobre nuestra vida, la vida del país, y además democratizar hacia adentro las relaciones en el Poder Judicial.
GA: Si un piensa que tenemos una Corte en un palacio, esto habla de que tenemos un poder judicial absolutamente monárquico, clasista, conservador y misógino. Lo ha sido históricamente desde 1930, cuando la Corte convalidó el golpe de Estado, entendiendo que la fuerza podía ser el origen de la institucionalidad argentina, el Poder Judicial ha sido cómplice de cada uno de los golpes. Ha sido una deuda histórica la reforma del Poder Judicial. No tengo duda que se requiere una reforma constitucional en algún sentido. Y uno de los ejes centrales que desde la cámara uno podría modificar es el control de constitucionalidad difusa. Tenemos un Congreso que puede, a partir de consensos y disputas políticas, sacar una ley, y cualquier juez federal o provincial puede dejar sin efecto esa ley. Eso hace mucho mal a una democracia.
V: Este Poder Judicial es clasista y patriarcal porque vivimos en una sociedad clasista y patriarcal, como no puede ser de otra manera. Si la pregunta es cómo hacer para tener un Poder Judicial democrático, que escuche al más débil, que aplique principios de igualdad, debido proceso, tengo que ir con Víctor Hugo y decir que la ley es pareja para todos los ciudadanos. Y es una falacia porque la igualdad existe en ese sentido pero es una igualdad entre desiguales y eso es el capitalismo. En ese marco general, agarrá el fuero que quieras, siempre vas a encontrar la defensa del más poderoso, en el sistema penal es clarísima la forma en que se aplican de modo distinto los mismos parámetros en un caso o en otro. «
