Julio De Vido debe ir preso. El gobierno lo pide a gritos y el fiscal Carlos Stornelli, exjefe de seguridad de Mauricio Macri en Boca, quiso darle el gusto. Pero el juez Luis Rodríguez -ligado a Javier Fernández, un operador judicial de origen radical que trabajó para el kirchnerismo cuando era el mejor postor- desestimó el pedido en un fallo con duras críticas al fiscal. Tribunales es un cabaret.
Con la economía haciendo agua, las sospechas de corrupción sobre ex funcionarios K son el principal activo de la campaña oficialista. ¿Esto significa que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvieron exentos de corruptos? Obvio que no. El caso de la mina de Río Turbio tiene todo el aspecto de un curro: millones girados a una cantera que casi no produce, un tren que no anda, rutas que no se concluyeron.
En un debate que nunca se dará -porque requiere de una honestidad intelectual ajena al ejercicio de la política-, el kirchnerismo podría argumentar que fue un modo de llevar ingresos donde no hay nada. En términos que los CEO pueden entender: sin la mina, Río Turbio es inviable.
Eso no justificaría, claro, que los fondos se hubiesen desviado a bolsillos particulares. Es el talón de Aquiles de la defensa K: varios proyectos iniciados con buenas intenciones -en este caso, recuperar una mina- derivaron en rapiña.
Sobre esa percepción martilla el marketing de los candidatos antiK. Sergio Massa y Margarita Stolbizer anotaron un hito en la demagogia de campaña renunciando a sus fueros, un derecho al que no se puede renunciar. Otro caso significativo de demagogia es el de Elisa Carrió: descarga su furia bíblica contra De Vido mientras protege a Macri, a quien ella misma -en otros tiempos- usó como ejemplo de corrupción. Y tenía razón: Macri no sería millonario -ni habría llegado a ser presidente- sin el favor de ex funcionarios que entregaron y protegieron los negocios de su familia.
Miembro pleno de la patria contratista que amasó su fortuna durante la dictadura, el clan Macri forma parte de un esquema de corrupción institucionalizado: el uso del Estado en beneficio propio. Un ejemplo: la crecida del dólar de esta semana favorece a los agroexportadores y, según consta en su declaración jurada, la principal actividad comercial de Macri es la explotación agropecuaria. Es evidente que el presidente se beneficia con las políticas de su gobierno. Pero no es ilegal: los dueños del poder y del dinero escriben la legislación que habilita ese tipo de rapiña.
Si en algún momento la política argentina se le animara en serio a la corrupción, funcionarios, legisladores, jueces y fiscales debieran empezar por cortar lazos con las empresas que patrocinan campañas y cursos judiciales con estadías de lujo en el extranjero. Eso, para empezar a hablar sin hipocresías de una práctica tan extendida como transversal. «
