“Los Huemules”, el selecto grupo de jueces federales que en octubre del año pasado viajaron a escondidas al Lago Escondido, recibieron hasta el viernes 404 pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, que el próximo martes volverá a sesionar después de cinco meses de parálisis.
Dicho de otro modo: los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques tienen abiertos más de 400 expedientes que podrían terminar con sus destituciones por “mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos”. ¿Cuáles? Dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, tráfico de influencias, cohecho pasivo, y sigue la lista.
Ninguno de esos hechos está, por ahora, probado. La causa penal en la que deben investigarse las particulares circunstancias del viaje al territorio argentino que pertenece al extranjero (británico) Joseph Lewis y en el que directivos del Grupo Clarín se desenvuelven como propietarios está empantanada.
El expediente aterrizó por decisión de la Cámara de Casación en esa suerte de Triángulo de las Bermudas que a menudo se apodera de Comodoro Py. Pero el juez Sebastián Ramos no parece tener apuro en tramitarlo. Hasta hace algunas horas, el expediente electrónico era inaccesible para las partes a través del sistema informático judicial Lex 100.
La mayoría de las denuncias se corresponden con una movida colectiva de la abogada laboralista Silvia Rufaldi. Primereó ante el Consejo de la Magistratura con el Expediente 201/2022, pero además difundió un modelo de denuncia para que ciudadanos comunes lo tomaran como propio. Pese a que la iniciativa tuvo poca difusión, entre el 12 de diciembre y el 9 de febrero llegaron al Consejo, vía e-mail y con ese formato de Rufaldi, la mayoría de las 400 denuncias.
Otros denunciantes
Hay otros expedientes impulsados con el mismo afán de juzgar la conducta de “los huemules”. Tres de ellos sobresalen del resto: uno presentado por el senador jujeño Guillermo Snopek (del flamante bloque Unidad Federal), un ocasional aliado de Juntos por el Cambio que, por ejemplo, el jueves pasado contribuyó con su retiro del recinto a hacer caer la sesión en la que debían tratarse la ley de alcohol cero, la “ley Lucio” (por el crimen del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y su madrastra) y la simplificación del Certificado Único de Discapacidad.
Otro denunciante es el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 marineros muertos en el submarino ARA San Juan, quien también es querellante en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal que sufrieron los familiares de las víctimas. Según Comodoro Py, infiltrar agentes de inteligencia en las misas por las almas de los fallecidos no fue espionaje sino “medidas de seguridad” para el entonces presidente, Mauricio Macri.
El Expediente 214/2022, en tanto, es una presentación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se suma a la justicia poética de los estudiantes de Derecho de la UBA, que vaciaron de alumnos una comisión sobre Teoría General del Delito y Sistema de la Pena, encabezada por Ercolini. Los alumnos no se anotaron y Ercolini se quedó sin dar la materia.
Exactas envió al Consejo de la Magistratura el acta de la sesión en la que su Consejo Directivo repudió “la convivencia de estamentos judiciales, políticos y empresariales, tanto en lo que refiere a la posible comisión de delitos comunes como en las faltas a la ética que dicha convivencia implica”. Además, la Facultad reclamó al rector de la UBA “el inicio de las acciones necesarias para determinar las sanciones que pudieran corresponder a los docentes (como Ercolini) involucrados en este hecho”. Es, con seguridad, la manifestación institucional más importante sobre la conducta de los jueces viajeros.
Las denuncias abultan seis cuerpos del expediente que busca el juicio político. No obstante, la situación de “los huemules” no está en el orden del día del primer acuerdo (del año y desde hace muchos meses) del Consejo de la Magistratura. Sólo está previsto que se elija al vicepresidente del cuerpo y a los integrantes y autoridades de cada comisión.
En la rosca previa a ese trámite apareció una situación inesperada, acaso fruto de la improvisación y el apuro con que se toman algunas decisiones. «
