Dos años después de la primera filtración, La Gorra Leaks volvió a hackear a las fuerzas de seguridad y a publicar información sensible sobre escuchas telefónicas e información de funcionarios y personal.
Una persona identificada como #LaGorraLeaks2.0, en una referencia directa a la cuenta «lagorraleaks» que en 2017 informó haber hackeado correos del Ministerio de Seguridad, se adjudicó el hackeo de la cuenta de Twitter de la Prefectura e informó también haber filtrado una serie de datos reservados de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.
Según difundió en redes, filtraron 700 GB de información: escuchas telefónicas, movimientos de la Policía de la Ciudad en tiempo real, bases de datos con 200.000 archivos PDF de la Policía Federal y porteña.
La información fue colgada en la Deep Web (Internet profunda), a la que se accede a través de navegadores como TOR.
Luego de que se conociera le hackeo, el Ministerio de Seguridad denunció el hackeo ante la Justicia. También denunciaron que fue hackeada la cuenta oficial de la red social Twitter de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en la que se informó falsamente que había existido un ataque británico a buques argentinos.
«Hace unas horas, 3 de nuestros buques fueron atacados por misiles británicos. La fuerza Aérea y la Armada han respondido con éxito a esta violación de nuestro territorio. El presidente Mauricio Macri ya está en camino hacia el lugar. 27 oficiales de Prefectura han fallecido», escribió el hacker de la cuenta a las 13.01.
Ante esta situación, personal especializado de la institución bloqueó la cuenta y recuperó el control, mientras que efectivos del área de Ciberdelitos comenzó a trabajar en la búsqueda de los responsables del hackeo.
Respecto a la Policía Federal, los investigadores aseguraron que se produjo un hackeo en el sistema informático, de donde se apoderaron de datos sensibles vinculados a investigaciones criminales y escuchas, los cuales se hicieron públicos a través de cuentas falsas de la fuerza de seguridad.
«Se apoderaron de información y la hicieron pública. Era información de investigaciones en curso, información clasificada de la policía», dijo a Télam una fuente de la cartera a cargo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien agregó que inmediatamente se hizo la denuncia judicial en el Juzgado Criminal y Correccional 6 de María Alejandra Provitola.
