Finalmente, se suspendió el operativo de desalojo previsto para este jueves por la mañana y continúan las negociaciones con las 150 personas que quedaron en la toma del terreno de Guernica.
El operativo estaba previsto para comenzar a partir de las 10, luego de dos pedidos de postergaciones por parte del Gobierno bonaerense a la justicia. «Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento», dijo el fiscal Marcelo Romero a Télam.
Romero es uno de los tres fiscales que intervienen en la causa, junto a Juan Cruz Condomí Alcorta y el titular de la UFI 1 de Cañuelas, Lisandro Damonte. El juez de Garantías de La Plata, con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, fue quien ordenó el desalojo del terreno y estableció como fecha, luego de dos prórrogas pedidas por la provincia, entre el 15 de octubre a las 10 hasta el 31 del mismo mes.
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Esta demora abre una nueva ventana de negociación entre las organizaciones sociales que apoyan a las familias que se quedaron en el predio y la provincia.
Las organizaciones indicaron en un comunicado que el Gobierno bonaerense los convocó a una nueva ronda de diálogo en las carpas ministeriales situadas en Guernica. «No hay operativo policial. El Gobierno nos convoca a un diálogo hoy a las 10. No descartamos desalojo si fracasa la reunión luego del mediodía», manifestaron.
El encargado de las negociaciones es el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, quien durante el miércoles aseguró que el 80 por ciento de las familias ya fueron reubicadas y que restan unas 150 personas
«Abogamos porque en las horas que nos quedan todos se llamen a la reflexión y podamos encauzar la totalidad de la toma en una resolución pacífica y acordada», fue el mensaje del ministro durante el miércoles a quienes permanecían en la toma y había adelantado que a partir de este jueves “empieza a intervenir el juez” y el gobierno ya es auxiliar.
El ministro informó que se llegó a un acuerdo con 601 familias, que firmaron un acta en la que se comprometieron a dejar los terrenos y, por su parte, el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros se los ayudó en el pago de alquiler.
Los terrenos fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Los ocupantes integran una Mesa de Diálogo de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.
Los abogados de «La Gremial” presentaron un escrito al juez en el que manifestaron que la superficie «reúne las condiciones para ser objeto de intervención estatal». El texto presentado al juez Rizzo, se apoya en la Ley 14449 de «Acceso al Hábitat» y está firmado por los abogados María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares.
El juez, por ahora, no hizo lugar al pedido y ordenó abordar el desalojo. La resolución del juez Rizzo dice que, «una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.».
