Luego de un mes de negociaciones, y a pocas horas del último plazo para evitar el desalojo, la coordinadora de delegados, delegadas y organizaciones de la toma de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, informó que los intercambios con la administración del gobernador Axel Kicillof se estancaron. Las diferencias se cristalizaron durante la reunión que mantuvieron este martes por la tarde con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, por el expediente por usurpación que está en manos del juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, para desalojar el predio.
Según un comunicado difundido en la noche del miércocles, la coordinadora sostuvo que «el gobierno provincial», a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el fiscal desconocen los avances en las negociaciones, y organizan el desalojo con represión». De acuerdo a la versión de las organizaciones, «para el gobierno provincial no hay acuerdo posible para las familias asentadas en Guernica» y «de un momento para otro, dejaron de lado las propuestas que el propio gobierno venía avalando, y que fueron aprobadas en las asambleas».
Fuentes del gobierno provincial sostienen lo contrario y acusan a las organizaciones de haber asistido al encuentro sin disposición para firmar un acuerdo, aunque el ministro de Seguridad, Sergio Berni, prepara un operativo de desalojo con más de 3.000 efectivos desde hace días.
Uno de los letrados que tiene acceso al expediente confió que los diálogos se trabaron en la decisión de las asambleas de los cuatro barrios que componen la toma, protagonizada por 1450 familias que fueron censadas por un equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ).
La última prórroga prevista por Rizzo vence en dos días y una de las imposiciones del magistrado fue programar un esquema de desalojo de cada no de los cuatro barrios apenas se firmara el acta de acuerdo, a partir de una oferta de lotes para trasladar a las familias que no contó con el apoyo de todas las asambleas que participan del conflicto. Las organizaciones aseguran Rizzo y Condomí Alcorta actúan de acuerdo a los planteos de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero.
