Mientras se demora la presentación en el Congreso de un proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país, en la Casa Rosada siguen con atención otra operación fiscal. Se trata del análisis y la desencriptación de la información sobre las 950 cuentas radicadas en el exterior, por un monto global que supera los 2600 millones de dólares no declarados. Una alta fuente del Ejecutivo confió a Tiempo que ya comenzaron con el estudio de esa información, con la prioridad puesta en las fortunas ocultas más grandes. Esos datos fueron provistos al gobierno argentino en 2017, según reveló el periodista Alejandro Bercovich, del diario BAE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cumplimiento de una serie de acuerdos firmados en 2014, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Amparados en el secreto fiscal, en la Afip eludieron las consultas de este diario sobre el análisis de esos datos. Sólo aclararon que la información enviada por la OCDE fue oficialmente entregada a la Argentina en el segundo semestre de 2018 y no en 2017. Sin embargo, el año de diferencia que hay entre la fecha acordada con la OCDE y la llegada de los datos según la Afip, incrementó las sospechas sobre el manejo que hicieron los funcionarios de la administración del presidente Mauricio Macri con esa información. Especialmente por la expectativa que se había acumulado durante tres años sobre la dimensión y el impacto que podría generar semejante hallazgo en el fisco. El tema ahora será investigado por el fiscal federal Federico Delgado, a partir de un pedido formulado por el economista, tributarista y excoordinador del equipo especialista en fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR), Jorge Gaggero.

Según detalló este medio la semana pasada en su portal online, la gestión y monitoreo de los acuerdos con la OCDE estaba en manos del contador público Sergio Rufail, con una larga trayectoria en la Afip desde 1990. Llegó al frente de la subdirección general de Fiscalización bajo la jefatura del entonces director de la Afip, Alberto Abad, que condujo ese organismo por segunda vez en su carrera entre diciembre de 2015 y marzo de 2018. Fue sucedido por Leandro Cuccioli, que dejó el puesto el 10 de diciembre de 2019, mientras que Rufail presentó su renuncia el 31 de enero de este año. La dimisión fue aceptada pocos días después por la actual jefa del organismo, Mercedes Marcó del Pont, mediante la disposición 36/2020.

En el escrito que recibió Delgado, Gaggero le aporta nuevos datos sobre la cadena de mandos que podría estar involucrada. En 2017, Abad era secundado por un funcionario subordinado: el subdirector de Fiscalización Marcelo Costa, que era el encargado de recibir la información que iba a llegar desde la OCDE. Según le informó Gaggero al fiscal (a pedido del extitular de la Dirección General de Investigaciones –DGI- de la Afip, Horacio Castagnola), «esa información nunca fue enviada por Costa a la DGI, porque en tal caso sería utilizada para cumplir con sus consecuentes obligaciones de análisis y control tributarios». Además de ofrecer el testimonio de Castagnola, el economista agrega que «cuando Cuccioli reemplazó a Abad en la conducción de la Afip, finalmente echó a Castagnola de la conducción de la DGI». El puesto fue ocupado por Costa y el cargo que dejó Costa quedó en manos de Rufail, dentro de un enroque de nombres de extrema confianza de Abad y Cuccioli, que ahora serán indagados por el fiscal Delgado.

Este diario pudo saber de fuentes tributarias que los funcionarios podrían haber acelerado el pedido de la información luego de la firma de todos los protocolos internacionales que llevaron tres años de trabajo previo. Tampoco se puede descartar que la hubieran obtenido antes, o al menos anticipar parte de su contenido, a partir de la frondosa red de contactos internacionales que había promovido el gobierno argentino con la OCDE para la obtención de esos datos junto con otros 50 países. Todos comprendían claramente la importancia que tenía esa primera entrega de datos provenientes de la OCDE.

Las sospechas sobre el alcance de esa zona gris suman un antecedente de peso que ya prescribió en materia penal. Según supo este diario, el dato se remonta a 2002, cuando Abad había asumido por primera vez la dirección general de la Afip, durante el interinato de Eduardo Duhalde. Dentro del organismo recaudador, los memoriosos le adjudican la «destrucción de un trabajo que le entregó la Unidad de Inteligencia Fiscal de Afip con toda la información sobre las transferencias realizadas a guaridas fiscales por parte de grandes contribuyentes que estaban evadiendo las obligaciones tributarias». La escena es posterior a la crisis de 2001 y el trabajo de inteligencia fiscal se había nutrido con la información aportada por el trabajo sobre fuga de capitales, elaborado en el Congreso por la comisión ad hoc que trabajó entre 2001 y 2002. Un experto informático que participó del trabajo, agregó: “Cuando le entregaron a Abad la información en soporte digital ordenó la disolución de la Unidad de Inteligencia Fiscal de Afip».

«Más allá de que estos hechos deban investigarse a través de un sumario interno en la propia Afip, creo que resulta muy relevante indagar acerca de la responsabilidad penal de los funcionarios implicados», sostuvo Gaggero en el escrito para solicitar que la Justicia investigue cómo llegó la información de la OCDE y qué hicieron, o dejaron de hacer, los funcionarios que mencionó. «El intercambio de información financiera de manera automática es una herramienta muy importante para evitar la evasión de los grandes contribuyentes», recordó, en referencia al intrincado andamiaje que desarrolló la Argentina para obtener esos datos.