La causa conocida como el “Gran Hermano porteño” tendrá mañana un nuevo capítulo, con los peritajes informáticos de los datos biométricos manejados por el Gobierno de la Ciudad. Con el sistema de reconocimiento facial suspendido de manera cautelar por el juez Roberto Andrés Gallardo, el bloque del FdT de la Legislatura realizó un pedido de informes, y desde la justicia se apunta al rol de la empresa en la que la Ciudad tercerizó el manejo de los datos: es la misma que denunció Cristina Fernández en noviembre de 2018 por el intento de instalarle cámaras en la esquina de su casa de Recoleta para espiarla. Justamente, la actual vicepresidenta de la Nación aparece en 225 solicitudes de datos al Registro Nacional de Personas (Renaper) por parte del Ejecutivo porteño.
Este lunes a las 16 horas comenzará el peritaje de los datos biométricos a cargo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la oficina 317 del Instituto de Formación Ezeiza (IFE). Fue citado el gobierno porteño para que envíe algún representante, pero lo más probable es que no sólo no mande a nadie, sino que interponga algún pedido de nulidad o recusación. De hecho, Gallardo ya recibió cientos de recusaciones del macrismo en estos años.
El juez había ordenado “secuestrar mediante extracción toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos y retirar en caso de ser necesario los equipos físicos donde aquélla se encuentre contenida”.
Tercerizada
El gobierno porteño pone las más de 300 cámaras para el sistema de reconocimiento facial y vigilancia que pretende que “los vecinos estén más seguros”, según anunció hace tres años el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero el manejo del software lo terceriza en la empresa Danaide SA. Hacia ella apuntan las miradas en la investigación. Se trata de la misma firma denunciada por Cristina Fernández en noviembre de 2018 por intentar espiarla. «Ayer por la mañana dos personas sin identificación alguna intentaron colocar 3 cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la policía federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando», publicó a través de sus redes en ese momento. Y agregó: «Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide S.A (sic) e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no contaban con ninguna documentación que acreditara tales circunstancias. Luego de identificarse recibieron un llamado, se subieron a su camioneta (sin inscripción alguna de la empresa a la que decían pertenecer) y se fueron. Raro, no?”.
Meses después, en mayo de 2019, la empresa obtuvo la contratación directa por 1.511.300 dólares para hacerse cargo del soft del programa de reconocimiento facial y vigilancia porteño. Según apreciaron a Tiempo desde los tribunales porteños, «la firma, que participa muy asiduamente en las licitaciones de seguridad y videovigilancia del gobierno, tiene un manejo bastante más intenso de los datos de lo que parece. Da la impresión de que el gobierno tenía un manejo limitado. Hay un segmento de temas que maneja la empresa tercerizada, eso hace todo mucho más complejo, porque no se sabe a quién responde la empresa, aunque obviamente al haber sido una adjudicación directa se supone que responde al gobierno”.
La cuestión será cuánto de la presunción judicial se podrá terminar demostrando, en un terreno ya de por sí empantanado. Con cosas que quedaron dentro de los archivos del gobierno y otras tantas que permanecen en los archivos de la empresa, algo que no están seguros desde el sector judicial que se pueda terminar de dilucidar en las pericias que comienzan mañana. No descartan que luego de las pericias, representantes de la empresa sean citados.
Justificaciones
Según estiman, salvo que haya intervenciones del gobierno porteño para frenar el procedimiento (algo altamente probable), en alrededor de diez días podrían acontecer unas primeras resoluciones de las pericias. El centro de la investigación se basa en conocer por qué la Ciudad sacó tanta cantidad de datos de Renaper, dónde están, y para qué se usaron.
Oficialmente el sistema podía llegar a ser usado con hasta 40 mil personas que tenían denuncias en la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). Pero las solicitudes al Renaper llegaron a ser de casi diez millones. «¿Qué hace Gallardo? Dice ‘vos estás buscando a 40 mil prófugos, pero hiciste diez millones de consultas al Renaper’. Yo digo: ¿Qué tiene que ver? En un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del Covid… En todos esos casos se hace una consulta al Renaper», fue el justificativo que dio el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro al diario Clarín.
“La explicación no tiene ningún sentido. Hay decenas de personas muestreadas que son casos previos a la pandemia, de 2019 o hasta marzo de 2020, no tiene nada que ver con pedidos de certificados covid”, mencionaron a Tiempo desde los tribunales porteños.
En relación a trámites o cuestiones legales, el convenio que firmó Ciudad con Nación prohíbe el uso administrativo de los datos. Son solo para prófugos, personas solicitadas por la Justicia, o en rebeldía. Nada de eso se explica con los 225 pedidos de datos de Cristina Fernández, con las 76 consultas por el presidente Alberto Fernández, las 24 por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, las 18 solicitudes por Patricia Bullrich, y las 4 por la fiscal Gabriela Boquín, que investigó la quiebra de Correo Argentino S.A. en la causa que involucra a la familia Macri. Ninguna de ellas se relaciona a temas de licencias de conducir (casi ninguna de ellas maneja), certificados de circulación covid o menos aún a situaciones de fuga.
Un caso paradigmático es el del policía armenio Arshak Karhanyan, desaparecido poco antes de que comience a funcionar el sistema en 2019. Figuran 92 búsquedas de datos biométricos suyos. “El modo de operar está fuera de la legalidad. Si sacás un registro y te piden la migración de datos biométricos del Renaper, es ilegal, porque no está previsto en el convenio”, apuntan desde el sector judicial.
Apuntado
La investigación que lleva adelante Gallardo es contencioso administrativa, no penal. Si avanza el proceso podrá terminar sentenciando de manera definitiva la suspensión del sistema de reconocimiento facial. Después, en caso de que las pruebas sean suficientes, podrá derivarlo al Fuero Penal, que de mínima alcanzaría al ministro D’Alessandro, la cara visible de Ciudad al momento de justificar los procedimientos como algo “normal”. En estas 48 horas hábiles debería explicar ante la Justicia por qué y cómo se utilizaron los datos, que incluyen a otras personalidades públicas como Elisa Carrió y Estela Carlotto.
Desde la Legislatura porteña apuntan también al ministro. “Exigimos que se cite a D’Alessandro. El gobierno de Larreta debe explicar el funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos y por qué buscó información biométrica de más de 7 millones de personas”, reclamaron desde el Frente de Todos. “En total son 60 personas entre funcionarios y funcionarias, dirigentes políticos, sociales, sindicales y de Derechos Humanos, jueces, empresarios y periodistas, todas personas que no eran buscadas por la Justicia y que sus datos fueron migrados desde el Renaper hacia las dependencias del Ministerio de Seguridad de Ciudad”, subrayó la legisladora Laura Velasco. La Comisión Bicameral de Inteligencia también se plantea comenzar a actuar en el tema. E incluso habló la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño: «saber dónde estuvo una persona, con quién se juntó, es tener poder».
¿Por qué diez millones de solicitudes? Una hipótesis es que el programa que utiliza la empresa con CABA necesita de gran abastecimiento de datos para funcionar en detalle. Si se desea hacer un seguimiento de una cara, es muy difícil hacerlo teniendo cargados cien rostros. Por el tipo de software, si hay millones de rostros en el sistema, más fino será el análisis y más fácil resultará encontrar a la persona. Es decir: la intención de CABA podría no haber sido perseguir a 7 millones de personas, sino migrar diez millones de datos para perseguir a 500. “Ellos necesitaban una base de datos y migraron prácticamente la mitad o una parte muy importante de la base de Renaper, de manera ilegal”, graficaron a este diario fuentes judiciales que trabajan en este tipo de temas hace años.
¿Pero entonces por qué pedir más de 200 veces los datos de Cristina? “Ese es otro punto que deben dilucidar en las pericias. Posiblemente haya habido un uso y borrado. Una especie de entrada y salida de datos del propio banco para ir actuando para atrás y para adelante en el tiempo. Son hipótesis que deberán ir constatando en las pericias”.
