«Que en este cambio de época limpiar lo que ensuciamos y cuidar el espacio público sea la regla y no la excepción», publicó en sus redes Clara Muzzio, la vicejefa del Gobierno de la Ciudad que, desde hace poco más de 24 horas, secunda al intendente Jorge Macri. El posteo vino acompañado de imágenes televisivas de un pequeño grupo de simpatizantes del presidente Javier Milei que, tras el acto de cierre y discurso del flamante mandatario, juntó algunos papeles, botellas y envoltorios de alimentos que habían quedado en Plaza Congreso.
Las expresiones de Muzzio apuntaron indirectamente contra las manifestaciones de organizaciones sociales y del campo nacional y popular. Ocurre que fue la ministra de Espacio Público de Rodríguez Larreta, y entre otras cosas, era la responsable de cuidar la higiene urbana del distrito porteño. Una función que cumplió atravesada de críticas y plagada de irregularidades.
En septiembre de éste año, Tiempo publicó un informe de la auditoría porteña que relevó el trabajo que realizan varias empresas privadas en la recolección de residuos y criticó la falta de controles de la ex ministra Muzzio. Tras la publicación de la nota, la Legislatura de la Ciudad presentó un pedido de información a la ministra que jamás respondió.
El informe se basó en los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos firmados entre el ejecutivo porteño y las firmas tercerizadas por la actual vicejefa de la Ciudad. La auditoría detectó que se suscribieron actas acuerdo durante 2021 que no se ajustaron a los parámetros del pliego.
También que el gobierno de la Ciudad se hizo cargo de varias obligaciones económicas que debían subsanar y llevar adelante las empresas privadas, como el pago de antigüedad y vacaciones del salario de operarios; la provisión y reposición de contenedores; y la adquisición de equipamiento e insumos. Pero además estas irregularidades soslayan un negocio millonario que se reparte en pocas manos.
Licitaciones irregulares
De acuerdo al relevamiento realizado por la auditoría porteña, en marzo de 2021 la ministra Clara Muzzio adquirió contenedores para la recolección de residuos sólidos urbanos que no estuvieron sujetos a una licitación pública. Lo mismo ocurrió con las «modificaciones de microrutas, macrorutas, ruteos y trazabilidad sin la debida incorporación de nuevos equipos para su prestación”.
El organismo de control porteño verificó que gran parte de la flota destinada al servicio no cumple con los años de antigüedad previstos: “98 unidades con una antigüedad mayor a los cinco años” para actividades de control ejercidas por la Dirección de Limpieza en las zonas adjudicadas.
Pero esta no es la primera vez que aparecen irregularidades en la contratación de las empresas privadas de residuos. En octubre de 2021 la auditoría registró fallas en el sistema de control por no estar debidamente sistematizada la información y denunció licitaciones «poco claras» para verificar el cumplimiento por parte de las empresas.
El período examinado por el organismo de control fue 2019. Situaciones similares ocurrieron años anteriores: un informe aprobado en 2018 sobre la gestión de 2016, determinó que no fue posible saber cuántos vehículos tenía el Ente de Higiene Urbana. Desde ese organismo declaraban 78 vehículos, mientras que desde la Dirección General de Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad registraba 54; sin embargo el organismo de control identificó 80 móviles.
Un negocio multimillonario
En la Ciudad se generan más de 8 mil toneladas de basura por día en una superficie aproximada de 20.200 hectáreas. Por esta razón, sin el control riguroso del Estado porteño y la regulación de las empresas privadas que tienen a cargo el servicio, es muy compleja la labor.
En 2013 se establecieron siete zonas y a cada empresa privada se le destinó una estación de transferencia para realizar las tareas de recolección de residuos y las descargas: La zona 1 (Comuna 1), le corresponde a la empresa AESA S.A.
La zona 2, que abarca las Comunas 2, 13 y 14, las cubre la empresa CLIBA Ingeniería ambiental S.A.
La zona 3 (Comunas 11, 12, 15) corresponde a la firma Industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.
La zona 4 (Comunas 9 y 10) a Ecohabitat S.A. – U.T.E.
De la Zona 5, que contiene solo a la Comuna 8, se encarga la empresa Ente de Higiene Urbana (EHU).
La zona 6 (Comunas 5 y 6 y 7) está a cargo de Ashira S.A. – Martin y Martin S.A. U.T.E.
Y la Zona 7 (Comunas 3 y 4) la cubre Transportes Olivos S.A.C.I. y Urbaser Argentina S.A, U.T.E.
De las siete zonas, seis fueron asignadas a firmas tercerizadas y la restante quedó a cargo de la administración del Ente de Higiene Urbana (EHU). La auditoría detectó que se certificaron $282.827.571 con cargo a la Dirección General de Limpieza cuando se trataba de una suma que debió ser abonada por la EHU.
La Auditoría porteña publicó un informe reciente sobre la gestión de la Dirección General de Limpieza y las empresas tercerizadas que brindan los servicios de recolección, barrido y limpieza de las calles. El análisis se realizó sobre el período 2021.
De allí se desprende que la administración de los recursos contiene varias irregularidades. Se detectó que se firmaron actas en las cuales el Gobierno asumió gastos que no le corresponden y se extendieron contratos de forma irregular.
Carolina Ragazzon
11 December 2023 - 13:51
está bien que cada uno limpie lo que ensucia. Pero si ya pagamos impuestos para que limpien, no nos toman el pelo los burócratas y nos roban? Si en 4 años zafaron, van a seguir zafando. Lo importante es LA CAJA!!!!! SUS manos en esa LATA.