Tuvo todo el fin de semana largo para estudiar el contenido y luego de varios anuncios, confirmó que en las próximas horas lo hará público. Tras mucho bregar, el viernes por la mañana, el diputado provincial del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, salió con una enorme sonrisa el Palacio de Tribunales: tenía en sus manos una carpeta, con la que se dejó fotografiar, sin inconvenientes. Venía de recibir el contrato que firmó la empresa argentina YPF con la petrolera estadounidense Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

El acuerdo se firmó en julio de 2013. Ambas compañías lo rubricaron para el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en Neuquén, y contempló una inversión inicial de 1240 millones de dólares. La superficie total de la cuenca de Vaca Muerta es de alrededor de 30 mil km2, y estaba previsto que en una serie de etapas se efectuara la perforación de más de 1500 pozos.

«La Justicia me entregó el contrato después de 330 días del fallo de la Corte Suprema», señaló el legislador en las últimas horas, el tiempo que anuncia la presentación para las 15.30 de este martes en el Apart Hotel Congreso, de Bartolomé Mitre 1824, de la Ciudad de Buenos Aires.

Giustiniani se arriesgó a comparar este episodio con el que sacudió a Brasil, aunque no lo relacionó con el golpe de estado que sufrió Dilma Rousseff. Dijo: «Brasil, por los cohechos en Petrobras, generó una gravísima crisis institucional que hoy está a la vista». Advirtió también: «El secretismo de los actos de los funcionarios públicos le han hecho mucho daño al país”.

El ex titular del Partido Socialista había solicitado que se le entregara una copia del acuerdo en 2013, cuando era senador nacional. «Se le estaba dando a Chevron en una contratación directa por 35 años una de las zonas más ricas de la Argentina». En el mismo sentido expresó: «después de casi un año de dilaciones judiciales logramos finalmente que este contrato sea público en resguardo de los intereses nacionales (…) Como la empresa se negó, recurrí a la Justicia y después de dos años de juicio la Corte dijo que el derecho al acceso a la información era del pueblo de la Nación y no del Estado y ordenó a YPF darme una copia del contrato. Después de 330 días de la ejecución del fallo y de las obstrucciones judiciales, me dieron la copia”.