Para alquilar un departamento de tres ambientes y cubrir la Canasta Básica Total, una familia porteña compuesta por una pareja con dos niños, necesita contar con ingresos mensuales de $ 53.197. Un requisito que cumplen menos del 40% de las familias. El dato lo difundió esta semana la agrupación Inquilinos Agrupados, la primera creada a favor de los derechos de quienes alquilan. Su titular, Gervasio Muñoz, señala que “la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita similar al de las grandes ciudades de Europa, como Madrid o Bruselas, pero a diferencia de ellas, no aplica ninguna política para facilitar el acceso a la vivienda a través del alquiler. Las políticas existentes (venta de tierra pública, construcción de viviendas para vender con crédito UVA) y la falta de control constituyen un elemento más que hunde a la ciudad en una profunda crisis habitacional”.
En diálogo con Tiempo, remarca que la política de vivienda del macrismo consiste en “dar vía libre a las inmobiliarias para que hagan lo que quieran”, y subraya que, de crearse un Ministerio de la Vivienda, deberá priorizar la regulación de los alquileres y la desdolarización de los inmuebles.
–Hace pocos días se reunieron con el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y con el titular de Vivienda de Ciudad, Juan Maquieyra. ¿Qué les plantearon en esos encuentros?
–A los dos les dijimos lo mismo: que tengan algún tipo de política para el sector, a contramano de lo que vienen haciendo. Actualmente todo es para favorecer el negocio inmobiliario. A Maquieyra le pedimos que se ponga en tratamiento la Ley de Expensas Justas (para que estén discriminadas entre ordinarias y extraordinarias; hoy las expensas representan al menos el 25% del valor del alquiler); también solicitamos la suspensión de desalojos hasta fin de año; que los contratos de alquiler se firmen en los CGPC; y que se subsidie el 100% de los alquileres a la tercera edad, y también a parte de los desocupados. En Nación planteamos que manden con urgencia el proyecto de Ley de Alquileres al Congreso, y que articulen con el PAMI para elevar el subsidio por alquiler para jubilados.
–¿Qué postula ese proyecto?
–Establece una regulación del precio de los alquileres en un promedio entre inflación y salarios; una extensión del contrato de alquiler de dos a tres años; que el depósito sea de un mes y se devuelva de forma actualizada. Y que tres meses antes de finalizar el contrato deban sentarse las partes a renegociar. Hoy no hay negociación. El último día te dicen las condiciones futuras, y tenés que aceptarlas o irte.
–¿Y qué respondieron los funcionarios?
–Contestaron exactamente lo mismo: que lo iban a estudiar. Y no hubo diálogo después. Es que no hay interés de llevar adelante ningún tipo de medida. Antes o después del resultado de las PASO, la actitud es la misma: no quieren meterse con el mercado inmobiliario. No quieren resolver el problema del acceso a la vivienda, tienen la lógica del mercado. Pensemos que todos los que están en barrios populares, sumados a los más de 9 millones de inquilinos, están en situación de emergencia habitacional. Y eso tiene que ver con dos cuestiones: la crisis económica, y que el mercado avanzó en forma terrible en el acceso a la vivienda. Acá no hay ningún tipo de control sobre las inmobiliarias. Se vendió tierra pública como nunca antes, se favoreció negocios privados, el valor del m2 en la Ciudad es el más caro de la región, y no hubo una sola política que favorezca a aquellos que no tenemos vivienda. Todo lo contrario: hay unos pocos grupos económicos que son dueños de las ciudades, a los que se les facilitó todo tipo de negocios y exenciones impositivas. Quedó en manos de ellos el diseño de las políticas urbanas.
–¿Qué sucedió con los créditos UVA en estos años?
–Los UVA funcionaron sobre una gran trampa que es el sueño de la casa propia, imposible hace muchos años en la Argentina, al menos de manera masiva. El crédito UVA significa pasar de la condición de inquilino de un propietario, a la de ser inquilino de un banco. La gente que pidió UVA será inquilina de un banco toda la vida, nunca terminará de pagar el crédito. Y no hay posibilidad de un crédito hipotecario en el país si primero no se desdolariza la vivienda y se regula la rentabilidad de los alquileres.
–Hoy se exige comprar una casa en dólares, pero los créditos son en pesos. ¿Es posible esa desdolarización en la Argentina?
–Es posible. Alberto Fernández propone la creación de un Ministerio de la Vivienda. Un desafío será que no se convierta en el Ministerio de la Construcción, porque está probado que cuanto más se construye más suben los precios, sino que realmente tenga una política integral de regulación del mercado inmobiliario, y que piense el acceso a la vivienda de manera moderna, acorde a la realidad de las ciudades de la Argentina. Hoy la mayoría accede a la vivienda en condiciones de inquilinato. Por eso, uno de los grandes desafíos es tener una regulación de la rentabilidad del mercado inmobiliario, unificar toda la legislación en una Ley Nacional de Viviendas y, por supuesto, volver atrás las medidas que tomó la última dictadura, de dolarizar y desregular el precio del alquiler. Hasta que eso ocurra, la vivienda será un lujo para pocos y no va a ser un derecho. «