El gobernador jujeño Gerardo Morales volvió a la carga con la persecución política a Milagro Sala y publicó una foto vieja de la casa, hoy destruida, en la que el juez Gastón Mercau ordenó que la líder de la Tupac Amaru sea alojada en prisión domiciliaria para cumplir así con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mandatario lo hizo a través de un posteo en la red social Twitter en el que, además, acusó a la Diputada del Parlasur presa desde hace 578 días de “delincuente” y aclaró que no comparte el “privilegio” que le otorgó el organismo internacional y la justicia jujeña.

“No comparto la resolución de CIDH y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva en su mansión. Es una gran injusticia”, escribió en su cuenta @MoralesGerardo1. En un segundo posteo con una foto, añadió: “Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo”.

Lo que el gobernador de Jujuy hizo con esas dos publicaciones en Twitter es ratificar lo que la Comisión Interamericana dijo en su resolución 23/2017, respecto de que Sala es hostigada por ser una oponente política. En palabras de la CIDH: “la Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la Provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición”.

Es que Morales publicó una foto de la casa de la localidad de El Carmen de hace más de dos años. La realidad es que esa casa en la que el juez Mercau dispuso que Sala cumpliera la prisión domiciliaria no tiene ni luz, ni agua, ni gas y carece de puertas y ventanas o inodoros porque fue saqueada luego de que Sala fuera detenida. Además, ese lugar tampoco fue construido para ser usado como vivienda, sino como centro de rehabilitación para personas con discapacidad.

Gerardo Morales‏ ya había reaccionado con virulencia el 3 agosto pasado cuando en su cuenta de Twitter acusó a la CIDH de ser “una facción de burócratas que viven en Washington y no conocen #Jujuy”. El 10 de agosto, en el cierre de campaña de cara a las PASO, llamó a “rebelarse” contra el organismo internacional.

Otra irregularidad en el otorgamiento de la domiciliaria es que Mercau no hizo en ese lugar una inspección por el interior de la vivienda ni ordenó un informe de Gendarmería Nacional, como sí hizo el jueves pasado en la casa que la referente social vivía al ser detenida, en el barrio de Cuyaya de la capital provincial. Además, desde ese día tiene en sus manos un informe de los abogados defensores, con fotos, que daban cuenta del deterioro de la vivienda por la que finalmente optó.

Pese al estado inhabitable en que se encuentra la casa, Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de Milagro Sala, dijo que “si la dejan ahí hoy para nosotros es mejor”. Y aclaró: “ella corre riesgo de vida en el penal de Alto Comedero, así que nosotros creemos que en cualquier otro lugar, incluso en esta casa, tiene más chances de que no corra riesgo su vida”.

El 28 de julio pasado la CIDH admitió la resolución N°23 con que otorgó la medida cautelar solicitada por el CELS, Amnistía y Andhes en favor de Milagro Sala y pidió al Estado Nacional que la libere (cumpliendo con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU) o que la prisión preventiva continúe en domiciliaria. A partir de ese fallo, otorgó quince días que concluyeron el viernes pasado, por lo que el Gobierno está incumpliendo con esa resolución.

Más allá de que la decisión de Mercau no cumplió con los plazos de la CIDH y que profundiza el hostigamiento a la dirigente social, su resolución es parcial porque en la notificación advierte que se concretará la domiciliaria en caso que el otro juez que mantiene a Sala en preventiva, Pablo Pullen Llermanos, disponga la misma medida. Los defensores de Sala esperan aún esa resolución.