El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se refirió al caso Odebrecht y su capítulo argentino al considerar que «se está demorando de un modo vergonzoso (la llegada de datos de las coimas de Odebrecht). La Justicia debe actuar con toda la fuerza y avanzar en la investigación, es hoy la única de la región que no avanzó con este tema», reprochó el ministro de Justicia, en declaraciones radiales.
Garavano volvió a criticar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. «Frente a la inacción de la Procuración General de Gils Carbó, para esto y todos los hechos de corrupción, aprovechamos la buena relación y el trabajo conjunto (con la justicia de Estados Unidos) y se pidió que los fiscales de Estados Unidos cooperen con los jueces y fiscales de la Argentina», reseñó el funcionario.
A partir de esa cooperación que destacó el titular de la cartera de Justicia, un grupo de jueces y fiscales argentinos viajarán a los Estados Unidos para intentar activar el flujo informativo sobre los pagos ilegales. Garavano dijo que el viaje podría realizarse «primera quincena de julio».
Odebrecht aceptó, ante la justicia estadounidense, haber pagado 35 millones de dólares en coimas en la Argentina.
El ministro de Justicia afirmó que el Gobierno «le está exigiendo a la empresa que ellos cuenten lo que pasó» porque, «si hay alguien que pagó las coimas es la empresa, con lo cual sabe a quién y por qué le pagó».
En sus declaraciones radiales, el ministro abogó por la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las empresas, que tuvo dictamen esta semana en la Cámara de Diputados.
«El viernes hubo una reunión en la que trabajaron diversos ministerios con el procurador del Tesoro, se analizó la situación de distintos contratos (de Odebrecht), se informo de esto (por la cooperación con la justicia de Estados Unidos) y se discutió sobre el avance de la ley de responsabilidad penal de las empresas», resumió.
También destacó que la Argentina está atrasada en esta materia porque, de «41 países que ratificaron la Convención Antisobornos (por la Convención de la OCDE contra el Cohecho), la Argentina es el único que no tiene ley de responsabilidad penal de las empresas».
El ministro de Justicia también se refirió al escrache que sufrió ayer, en la ex ESMA, y responsabilizó a militantes gremiales vinculados a La Cámpora: «Fueron a provocar una situación de violencia en ese sitio. Fue algo armado, es un grupo que trabaja con La Cámpora, claramente una cuestión muy política», concluyó.