El Ministerio de Justicia aseguró que la posición expresada por los abogados que patrocinan al Estado en el juicio oral y público por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA representa la «postura mayoritaria» dentro del equipo de letrados «designado oportunamente por el titular de la Unidad de Investigación de la causa AMIA».

Así lo expresó la cartera encabezada por Germán Garavano a través de un comunicado de prensa difundido, en el que se indicó que, analizada la prueba producida en el marco del proceso, los abogados entendieron de manera «mayoritaria» que «no son suficientes los elementos probatorios existentes» en relación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -los primeros que intervinieron en la investigación- y al ex comisario Jorge «Fino» Palacios.

«El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió que formulen los alegatos por la querella de este organismo el equipo de abogados designado oportunamente por el titular de la Unidad de investigación de la causa AMIA -el radical Mario Cimadevilla- y que fueron los que comparecieron a las audiencias, meditaron la prueba producida y llegaron a una postura mayoritaria», sostuvo en el texto difundido el viernes. 

En este sentido, Justicia fundamentó esa decisión explicando que se había entendido que «el deber de objetividad y autonomía de criterio de la querella debía resguardarse, respetando preceptos básicos del debido proceso y la Constitución Nacional».

«De esta manera, la querella formularía cargos a Carlos Menem , Hugo Anzorreguy, Juan José Galeano, Carlos Telleldín, Juan Carlos Anchezar, Patricio Fingen, Ana Boragni, Víctor Stinfale, Carlos Castañeda y Rubén Beraja. No solicitando pena en relación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y Jorge Palacios, por considerar que no son suficientes los elementos probatorios existentes. En relación a este último, se seguirá el criterio de la fiscalía», indicó el Ministerio.

En este sentido, explicó que los fundamentos comenzaron a ser expuestos el jueves, al reanudarse las audiencias en este juicio oral y público tras la finalización de la feria judicial, y señaló que éstos «serán desarrollados en las siguientes audiencias, donde se expondrán las conclusiones a las cuales se ha arribado luego de substanciada y analizada la totalidad de la prueba conocida durante el debate».

La decisión de la querella que representa al Estado en este proceso de no pedir penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia fue repudiada por familiares de las víctimas del ataque terrorista, en especial las que integran la agrupación Memoria Activa.

«Finalmente, la querella del @jusgobar dedicó la tarde no sólo a explicar por qué no acusan a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, sino que pareció un alegato de defensa de los imputados, que al parecer no tuvieron ninguna responsabilidad en el giro encubridor que tomó la causa», tuiteó, al término de la audiencia, la agrupación de familiares.

En este sentido, señaló que «este nuevo encubrimiento a los encubridores se suma hoy al cúmulo de hechos vergonzosos de calibre institucional que han ocurrido desde el inicio de la causa Amia y que enturbian más el proceso», y anticipó que «una sentencia arbitraria en el marco de una actuación tan grosera» los llevará a «recurrir a instancias superiores de revisión de todo lo actuado» tanto en el país como internacionalmente.

En este juicio están siendo juzgados, además, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.

Durante más de dos años de audiencias, en este juicio se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la Justicia, y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.