El polémico Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018 que permite el uso de las Furzs Armadas para acciones de seguridad interior generó un fuerte rechazo de la La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) que planteó la inconstitucionalidad de la norma firmada pr el presidente Mauricio Macri.
«Conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República», comienza un comunicado de la institución.
Luego recuerda que la Ley 24.059 define que la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, son los órganos qu tiene el Estado para la seguridad interior y la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos.
«Consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios Republicanos de Gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación» concluye la nota emitida por el colectivo de defensores del pueblo nacionales.
«Conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República», comienza un comunicado de la institución.
Luego recuerda que la Ley 24.059 define que la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, son los órganos qu tiene el Estado para la seguridad interior y la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos.
«Consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios Republicanos de Gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación» concluye la nota emitida por el colectivo de defensores del pueblo nacionales.
