Los jueces laborales se expresaron en contra de la denuncia que había hecho el ministro de Trabajo Jorge Triaca contra los magistrados que habían intervenido en la disputa salarial entre las cámaras bancarias y el sindicato del sector. Asimismo, en pleno, la Cámara de Apelaciones del Trabajo denunció que «la independencia del poder judicial ha sido puesta en riesgo».
En un durísimo texto, los 17 jueces que integran la cámara sostuvieron que «ningún juez puede ser atacado por el contenido de sus sentencias, como es el caso de los vocales integrantes de la Sala V, a quienes expresamos la solidaridad del Cuerpo».
«Los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, ante la denuncia y pedido de remoción presentado ante el Consejo de la Magistratura por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación contra la doctora Graciela Elena Marino y el doctor Enrique Néstor Arias Gibert, manifiestan que tal acto constituye una grave e inaceptable injerencia en la jurisdicción judicial, vedada a funcionarios de otros poderes», rubricaron.
«La independencia del poder judicial ha sido puesta en riesgo, y con ella, la vigencia plena de la Constitución Nacional», sentenciaron hoy en un comunicado al que accedió Tiempo Argentino.
Es que a que a mediados de febrero Arias Gibert y Marino fueron acusados de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional por parte de Triaca.
En medio de la negociación salarial los trabajadores bancarios, del sindicato que conduce Sergio Palazzo, se declararon el estado de «alerta y movilización» y trasladaron el conflicto a la Justicia cuando se demoró la homologación del acuerdo paritario. Fue entonces, cuando la Cámara de Apelaciones del Trabajo instó a las cámaras empresariales que nuclean a los bancos a pagar el acuerdo paritario y al Poder Ejecutivo a no intervenir.
Esto no le gustó nada a Triaca y presentó una denuncia contra los jueces. Hoy sus pares, salieron en su defensa con este escrito y señalan en forma directa al Poder Ejecutivo por su intromisión.