Los empleados del Banco Provincia amanecieron con una mala noticia: el gobierno bonaerense confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto que sube la edad para acogerse a la jubilación. La medida es interpretada por el arco gremial bonaerense como el puntapié inicial de una reforma previsional amplia que busca implementar la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia y que llevaría a la «armonización» del Instituto de Previsión Social.
El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo plantea subir la edad, que hoy va de los 57 a los 60 años, a los 65 e igualar así igualar las condiciones de retiro de los empleados de la entidad con las del resto de los trabajadores estatales. Propone hacerlo de manera gradual: extenderla hasta los 61 años en los años 2020 y 2021; a los 62 años de edad en los años 2022 y 2023; a los 63 en 2024 y 2025; a los 64 en 2026 y 2027, para llegar finalmente a los 65 años de edad en 2028.
El argumento oficial para tomar esta medida, que está en línea con los cambios que impulsa el gobierno nacional, es el déficit de 5 mil millones de pesos anuales que arrastra esa caja. En la actualidad la caja tiene unos 16 mil jubilados y se financia con los aportes de unos 8 mil trabajadores en actividad.
El rechazo gremial a la reforma es absoluto. El secretario general de La Bancaria seccional La Plata, Federico Bach, confirmó que definieron un paro de actividades en todas las sucursales del BAPRO para el día que el proyecto se trate en la Legislatura -aún no está definido- pero dijo que además están evaluando un plan de acciones para lo que resta de diciembre que podría complicar y hasta paralizar la actividad normal de la entidad. «Hace 10 años intentaron hacer lo mismo y el banco estuvo cerrado quince días en diciembre. Vamos a ver cuál es el costo político que está dispuesto a pagar Vidal», señaló a Tiempo y agregó que se trata de «una reforma inconsulta».
El proyecto, que ya ingresó a la Legislatura, forma parte del paquete de leyes que Vidal pretende que se apruebe antes de fin de año, entre ellos: la reforma a la ley de Ministerios que recorta subscretarías y direcciones provinciales -en total 221 elimina cargos políticos- pero crea un nuevo ministerio, el de Asuntos Públicos; y la derogación de las «jubilaciones de privilegio» de las que hoy gozan el gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales.
La posibilidad de una reforma jubilatoria en la provincia mantiene en alerta a los gremios bonaerenses desde hace meses. Ayer circuló el borrador de un proyecto de ley que prevaía la armonización de la caja del IPS con la de ANSES y cambiaba los requisitos para jubilarse en línea con los cambios nacionales. Pero tanto el jefe de Gabinete, Federico Salvai, como los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas, negaron de manera tajante a UPCN, Fegeppba y SOEME que estén trabajando en ese sentido y aseguraron que el proyecto que se filtró no pertenece al Ejecutivo. De todos modos, tanto los estatales de UPCN, Fegeppba, ATE, CICOP y AJB, como los docentes de SUTEBA, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA realizarán mañana un «abrazo» al Instituto de Previsión Social para oponerse a cualquier avance sobre los derechos adquiridos.
