Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Formosa en el marco de la pandemia de coronavirus llevan meses. Primero, por la situación de personas varadas a quienes no permitían ingresar a la provincia. Luego, por la reclusión en Centros de Atención Sanitaria (CAS), con cuarentenas obligatorias allí en “condiciones inhumanas”. En las últimas horas, la detención de dos concejalas opositoras –ya liberadas- durante una protesta en esos espacios reflotó los reclamos para que el gobierno de Gildo Insfrán adopte medidas sanitarias que no vulneren los derechos humanos. Ante este panorama, desde Amnistía evalúan acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Hicimos una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por toda la situación y es probable que vayamos al Sistema Interamericano por una cautelar”, anticipó Mariela Belski, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional, en diálogo con Tiempo. “Vamos a presentar medidas cautelares por la situación general. Es una situación contundente de violación de derechos humanos”, definió. Y agregó que, incluso en situaciones especiales como la pandemia de covid, donde se dan limitaciones a la libertad individual, éstas “tienen que ser razonables y medidas”.

“No pasa esto en ningún lado del mundo”, dijo Belski sobre el modo en que funcionan los CAS en Formosa, donde personas sintomáticas y asintomáticas permanecen mezcladas, sin que se les permita cumplir las cuarentenas en sus domicilios y, en muchos casos, por más de 14 días. “No pasa esto en ninguna otra provincia. Las provincias han limitado libertades individuales y algunas se han excedido en el uso de la fuerza, hubo casos. Pero con estas decisiones de armar centros de aislamiento donde mezclan todo, con condiciones inhumanas, no hay otros en el país”, remarcó.

En función de las denuncias y testimonios que recibió la organización, Belski relató que “adentro de los centros la situación es de hacinamiento, con un solo baño; desayunan y comen en las camas; las condiciones de estar ahí son tremendamente inhumanas. A veces están mucho más de 14 días. Una persona estuvo 22 días, nadie explica por qué. No tenés con quién hablar. Hay chicas jóvenes –como una mamá con un bebé- muy afectadas emocionalmente. Es como estar detenidas, y no tienen contención psicológica”.

El último episodio involucró a las concejalas opositoras Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, quienes se manifestaban en la puerta de la escuela N° 18 de Formosa contra las condiciones en las que se encuentran las personas que allí realizan el aislamiento por covid-19. Neme, quien además es abogada y ya había representado a las y los varados en su reclamo, había denunciado días atrás al gobernador Insfrán por este tema. Ayer ambas fueron detenidas y luego denunciaron haber sufrido maltratos.

Tras la repercusión del caso, el ministro de Gobierno y principal vocero del Comité para la Emergencia Covid-19, Jorge González, dijo en conferencia de prensa que Neme estaba «golpeando las persianas, haciendo ruido y molestando a la gente que estaba guardando la cuarentena» y luego de «varias intimaciones de la policía se procedió a su detención».

“Es una detención sin ningún motivo. Ellas se acercaron a la escuela a ver la situación como políticas que son. La policía se las llevó sin ninguna justificación. Después dijeron que era porque estaban protestando. Es un derecho, no pueden ser detenidas por eso”, indicó Belski. Y advirtió que Neme viene sufriendo “persecución” en su condición de defensora de los derechos humanos en Formosa. En este marco, acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos implicaría que tenga que intervenir –para dar respuesta- el Estado Nacional.